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La verdad es que la sesión del congreso del estado adoleció de todos los vicios consustanciales a este género de actividades: comenzó casi una hora tarde, se trataron asuntos intrascendentes, los diputados andaban distraidos y todo presagiaba que terminaría muy rápido, hasta que la sesión en el punto de asuntos generales, se animó notablemente.
La sesión fue tan insustancial como siempre. El diputado panista Renán Barrera no asistió, pero justificó su ausencia.
La diputada Magaly Cruz propuso reformas a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Yucatán
En asuntos generales el priista Roberto Rodríguez Asaf se refirió a las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad en nuestra entidad y a la urgente necesidad de retabularlas, para con ello beneficiar el consumo doméstico y el comercial , para generar mejores condiciones económicas. Solicitó promover a nivel federal que se hagan las modificaciones legales pertinentes.
Al momento de inscribir oradores para hablar a favor de esta moción, el presidente de la mesa directiva, Martín Peniche Monforte dio el uso de la voz a David Ramírez del verde en vez de hacerlo con el panista Tito Sánchez Camargo, que le recriminó su faccioso proceder.
A final de cuentas, se aprobó por unanimidad exhortar al respecto al congreso de la unión.
La diputada panista Magaly Cruz Nucamendi propuso se realizaran una serie de adecuaciones y reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán para homologar diversos aspectos de la misma con la legislación federal del ramo, particularmente en lo concerniente a observadores, concurrencia de procesos electorales y alianzas y coaliciones.
La diputada Lizbeth Medina Rodríguez solicitó al presidente del tribunal superior de justicia y al ejecutivo estatal, la destitución de la juez segundo de lo penal, Ileana Domínguez Zapata, por su deplorable actuación en el caso de Gretel Rodríguez Almeida, donde gracias a la reclasificación del delito otorgada por la juez, el agresor de la joven fue puesto en libertad, a pesar de existir una disposición de un juez federal en contrario y de la notoria peligrosidad del individuo.l
Como es de todos conocido, la madrugada del 16 de septiembre de 2009, Germán Ortega Hernández atacó con un cuchillo a Grettel Rodríguez Almeida, por lo que fue detenido y consignado al Juzgado Segundo Penal, acusado por el Ministerio Público de tentativa de homicidio.
Este individuo obtuvo un amparo para efectos, es decir para que la juez Domínguez Zapata motivara y fundamentara porqué dictó el auto de formal prisión por tentativa de homicidio, pero la juzgadora declinó hacerlo y al resolver, reclasificó el delito a lesiones calificadas.
Esto provocó que el proceso se convirtiera en un juicio sumario cuya condena no excede los tres años de prisión.
Para tratar de evitar que este agresor pudiera salir en el plazo estipulado por la juzgadora, la joven y sus abogados promovieron un amparo en contra de la sentencia (la víctima sólo puede inconformarse en lo que respecta a la reparación del daño) pero solicitaron al Tribunal Colegiado que suspendiera la ejecución de la sentencia hasta que no resolviera el asunto.
Sin embargo, al cumplirse la sentencia corporal, Ortega Hernández abandonó el Centro de Readaptación Social del Estado el pasado viernes por la noche.
No es al PAN a quien se deben aclarar las dudas referentes al museo de la cultura maya, sino a la sociedad: Pedro Couoh Suaste
La legisladora panista pidió que la juez que dictó una resolución que permitió gozar de libertad a un individuo notoriamente peligroso para la tranquilidad social, fuera separada de sus funciones. A esto se adhirió a nombre de la bancada del PRI la diputada Martha Góngora, que manifestó que no podía quedar en la impunidad una agresión semejante en perjuicio de una mujer.
El diputado Pedro Couoh Suaste, insistió en su planteamiento sobre el museo de la cultura maya, destacando que no era al PAN a quien se debían aclarar las dudas, sino a la ciudadanía. Solicitó se transparentara el uso de los recursos públicos y subrayó que era el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, el único culpable de hipotecar al estado.
Se citó a sesión este jueves 16 de junio a las diez de la mañana.