El sistema informativo de la Arquidiócesis de México, que tiene como su principal medio de difusión el semanario católico de información y orientación "Desde la Fe", ha enderezado una singular crítica contra el IFE, a partir de su presupuesto y del costo que entraña nuestro sistema electoral. Llama la atención que este específico sector de la Iglesia católica mexicana le traiga "ganas" a nuestra autoridad electoral, como lo han dejado ver otros actores políticos que quisieran ver debilitada a esa institución.

No es la primera ocasión en que ese semanario se lanza sin comedimiento a enjuiciar a algunas de nuestras instituciones con análisis ramplones y conclusiones absurdas; no hace más de tres semanas que disparó contra la Cámara de Diputados y lo hizo con escopeta: envió perdigones para todos lados en su enjuiciamiento, sin precisión alguna, sin distinción posible. Ahora vuelve a la carga contra el IFE y le da armas - "Desde la Fe" -, a otro sector que está sediento de atacar al árbitro electoral, los radiodifusores, que se solazan dándole vuelo a lo "caro" del IFE, tanto así, dicen, "que se nos volvió un lujo". Sorprendente círculo de actores que varias veces lo cierra, ni más ni menos, que el propio TEPJF y que da cuenta del complejo momento que vive el País.

A diferencia de algunos compañeros legisladores que pretenden censurar el derecho a la libertad de expresión de sacerdotes y miembros del orden episcopal católico en asuntos políticos y electorales, yo lo celebro y defiendo; pero lamento la falta de rigor. Es común en nuestro país que cualquier pretensión de achicar o mermar la influencia de alguna institución o poder, empiece por cuestionar sus costos y los salarios de sus encargados y que a ello contribuyan casi de manera mecánica instituciones que aún gozan de prestigio y confianza entre los mexicanos, como sin duda lo es la Iglesia Católica.

No dudo que esté extendida entre muchos la genuina preocupación por la cantidad de recursos que destinamos a nuestra democracia electoral, pero ello no es responsabilidad propiamente del IFE burocrático, ni de los consejeros electorales, sino del diseño legal en el que está fincada la organización de las elecciones en nuestro país, y a su vez ese diseño se explica en una profunda desconfianza entre todos los actores, fruto a su vez de la vieja y larga historia de defraudación electoral que vivimos, y de los abusos, excesos e incumplimientos a la ley que todavía hoy practican los más diversos actores políticos y gubernamentales. Tenemos un modelo restrictivo, con cientos de candados y de enormes requerimientos de vigilancia y fiscalización. Mientras la competencia electoral no se convierta en cultura de legalidad y participación civilizada, el costo de nuestra democracia seguirá siendo alto.

Por ello la Cámara de Diputados respetó íntegramente la propuesta de presupuesto enviada por el IFE; y porque haberle recortado 1000 millones de pesos como era la pretensión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, tenía graves consecuencias para el funcionamiento del instituto y la certidumbre del proceso federal en marcha.

Como lo expresé en la tribuna al proponer mantener su asignación de 15 mil 953 millones, el del IFE no es cualquier presupuesto, es el gasto sobre el que se levanta el proceso más importante de nuestra vida democrática, a la que lamentablemente aún no la podemos calificar como definitiva o irreversible. El dictamen de la comisión parecía comparar el 2012 con relación al 2009, y no hacerse cargo de que el próximo año tendremos tres elecciones y no sólo la de diputados como sucedió hace tres años. El incremento al presupuesto tiene tres componentes fundamentales, e ineludibles: Aumenta el presupuesto de los partidos en un 27%, porque la constitución prevé un aumento correlativo, lo que pasa a representar el 33% del presupuesto total.

Por otra parte y este es un dato que a veces escapa a la crítica, hay un crecimiento demográfico en México y el IFE está ceñido a ese crecimiento. El padrón ha llegado a casi 84 millones de personas, lo que aumenta una serie de rubros. Por ejemplo el año que viene tendremos 147 mil casillas, 8 mil más que en 2009 y por lo tanto se requerirá 4 mil capacitadores mas en campo y mil supervisores adicionales. Es uno de los saltos organizativos más importantes de la historia electoral moderna de México.

Y el otro tema fundamental es el de la seguridad de los trabajadores del IFE a lo largo y ancho del país. Durante cuatro meses más de 40 mil personas recorrerán más de 8 millones de viviendas en el territorio nacional y requieren de las condiciones de seguridad adecuadas, en la innegable dimensión que tiene el problema de seguridad pública y las amenazas crecientes de las mafias del narcotráfico en contra de las instituciones. Como nos lo confirma la reciente jornada electoral en Michoacán.

Más allá de que, en efecto, podemos coincidir en la necesidad de cómo hacer más eficiente los recursos asignados al IFE, e incluso reducir el financiamiento a los partidos, es la hora de apoyar y resguardar el adecuado funcionamiento del Instituto Federal Electoral, pues esa operación se sitúa en el corazón de nuestra democracia.