En tanto haya consignaciones y sentencias condenatorias, el mensaje será: “no toleramos ataques en contra de medios y periodistas”, dijo Perla Gómez Gallardo

Puebla. Pue., a 10 de marzo de 2013.- En buena medida el gremio del periodismo en México se ha convertido en un grupo vulnerable debido a la impunidad que por omisión provoca el Estado mexicano, principalmente por la carencia de una adecuada legislación en la materia, que permita a las instancias legales aplicar plenamente su jurisdicción, así como la desconfianza de los periodistas y medios para ofrecer información preventiva a las autoridades.

El anterior es un resumen de la mesa “Responsabilidades compartidas para derrotar la violencia y la impunidad, ¡no maten al mensajero!”, desarrollada este mediodía en el marco de la reunión anual de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza en esta ciudad desde el pasado viernes.

En su participación, la investigadora de la UAM-Cuajimalpa e integrante del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), Perla Gómez Gallardo, destacó que hoy la violencia y la impunidad no han disminuido en México, lugar donde “el gremio periodístico ya es un grupo vulnerable y donde la autoridad es responsable por omisión. El no hacer para garantizar las medidas de protección genera, en sí mismo, la circunstancia de decir, ahora no soy yo, como si fuera una justificación y que se encargue el propio gremio”.

Pero no sólo eso, sino que como resultado de la impunidad “ahora también se debe cuidar a quien cuida de los periodistas, que son las organizaciones o activistas de derechos humanos”, cuando la idea es que medidas como la Ley para la Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos “sean sólo leyes temporales, porque se supone que debemos vivir en sociedades donde todos los derechos se puedan ejercer”.

La defensora de casos relevantes en materia de libertad de expresión dijo en su intervención que la ausencia de medidas preventivas —porque el periodista no quiere flores cuando lo matan, sino seguir ejerciendo su libertad de expresión—, es que lamentablemente “en nuestro país la mejor protección es no hablar. Es aquí donde perdemos todos como sociedad”.

Además, el Ministerio Público en nuestro país no tiene la obligación, cuando se mata a un periodista, de abrir la línea de investigación de la libertad de expresión. Quiere decir que cuando se mata a un periodista no se sabe qué intereses estaba afectando o iba a afectar.

Sólo el Código Penal de Baja California Sur lo contempla en el último párrafo que dice: “tratándose de periodistas o colaboradores periodísticos, agotar una línea de investigación del delito cometido en relación con la actividad periodística”, ya que es una constante encontrar en los expedientes que el periodista pasaba por el lugar de los hechos o que fue un crimen pasional, como una clásica forma de desviar la atención.

En la medida que haya consignaciones y sentencias condenatorias el mensaje será no toleramos ataques en contra de medios y periodistas, destacó la doctora en Derecho, quien agregó que otro tema grave es la desaparición de periodistas, donde los principales afectados son los familiares de las víctimas, no sólo la tragedia de no tener una tumba dónde llorar, sino por la parálisis administrativa y civil, porque se ven imposibilitados de sacar pensiones de viudez o becas para los hijos porque no tienen un acta de defunción, “pero no tienen por qué tenerla”.

Perla Gómez agregó que cada periodista asesinado tuvo previamente una amenaza, por lo que preguntó: “por qué no salvaguardar con medidas adecuadas su vida y la libertad de expresión”.

En su intervención, la fiscal para delitos cometidos en contra de periodistas y medios, Laura Borbolla Moreno, destacó que la integración de la Fiscalía en el sexenio de Vicente Fox ocurrió como un acto de buena fe del entonces procurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca, pero sin los asideros constitucionalmente suficientes para el ejercicio de sus facultades.

Por este y otros motivos como la carencia de recursos, personal especializado, además de la conexidad entre los delitos, pero sobre todo la carencia de información por parte de los propios periodistas y medios, “la fiscalía ya entra a toro pasado, cuando la agresión o el delito ocurrió. No tenemos un catálogo de amenazas previas porque en la gran mayoría de los medios no se establecen protocolos de autoprotección y la comunicación preventiva con las autoridades”, expresó.

La fiscal no ocultó que “cuando llegamos a atender la situación, resulta que tiene un año que recibieron amenazas. Tenemos el defecto de asumir que también el periodismo es una actividad de alto riesgo donde va intrínseca la amenaza o la vejación por la delincuencia o las autoridades. Hace falta la comunicación. Para que se den resultados hay que generar un círculo virtuoso comunicando a tiempo las circunstancias que se van dando”.

Por su parte, el senador Roberto Gil Zuarth recordó que hoy gracias a la reforma constitucional no se requiere acreditar la conexidad con el delito federal para cualquier agresión a periodistas o medios, pero la atracción federal, sin embargo, implica aplicar la norma local, porque la competencia original sigue estando en los estados, por lo que “entonces el problema es ¿cómo provocamos una especie de sistema reforzado de facultad de atracción y que el MP bajo ciertos supuestos tenga pocos márgenes para utilizar esta discreción a placer”.

Y agregó que la gran pregunta es qué posición institucional debe tener la fiscalía y eso tienen que ver con recursos, con líneas de mando plenamente determinadas, con protocolos de investigación pero también con decidir la forma en la forma como se van a asignar y perseguir los casos porque como está hoy “pierde la batalla interna por los recursos, con la adscripción de los casos”, y otros.

Finalmente, agregó que el problema central para que funcionen los mecanismos de protección a periodistas dependen de una buena definición en términos constitucionales del órgano competente para investigarlos y consignarlos ante los jueces, de la sensibilidad de los operadores jurídicos, pero también hay un tema de confianza y éstos van a funcionar en la medida en que haya confianza entre la autoridad y el gremio.

En la mesa moderada por el periodista Roberto Rock, participó también el investigador y periodista Jorge Luis Sierra, quien destacó la gran omisión de los propios periodistas y medios por salvaguardar su propia seguridad, sobre todo cuando se utilizan el internet y los aparatos móviles de comunicación.

Casi todos los periodistas dependen de Internet en su trabajo y la mayoría utilizan plataformas móviles, pero se carece de conocimiento para codificar o encriptar datos y registros, sin importar que se encuentren en zonas de riesgo. La mayoría tampoco conoce el manejo de sistemas antivirus o los sistemas de navegación anónima en Internet y ponen en riesgo no sólo su seguridad, sino también la de sus fuentes que muchas ocasiones quieren el anonimato.

Por ello, recomendó recibir entrenamiento en seguridad digital y móvil; haya formas de adoptar nuevas tecnologías que están disponibles, incluso gratis; a los medios entender la forma de procesar las amenazas en los aparatos móviles para los propios medios y sus reporteros.

La mesa estuvo integrada por Perla Gómez Gallardo, Jorge Luis Sierra, Roberto Gil Zuarth y Laura Borbolla.

Perla Gómez dijo que salvo Baja California Sur, el Ministerio Público en nuestro país no tiene la obligación de abrir la línea de investigación de la libertad de expresión cuando se mata a un periodista.

Tenemos el defecto de asumir que también el periodismo es una actividad de alto riesgo donde va intrínseca la amenaza o la vejación por la delincuencia o las autoridades, explicó la fiscal Laura Borbolla Moreno.

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