Regidores de todos los partidos representados en la administración municipal saliente de Mérida  —PAN, PRI, PRD y PT-Convergencia— exigieron a la misma el pago de un bono de marcha por $110,240 por sus tres años de trabajo en la Comuna, e incluso condicionaron su asistencia a una junta de Cabildo programada para el penúltimo día de la administración al inmediato pago de dicho bono. Aunque después negaron los hechos, los regidores exigieron en su despacho al alcalde César Bojórquez el pago de su bono previo a la celebración de la sesión y no después de la misma como éste les había ofrecido. Esto motivó que la sesión de Cabildo no diera inicio —tres horas después de lo programado— sino hasta después de que el secretario de la Comuna, Jorge Puga Rubio, acompañado por una empleada del área de relaciones laborales, entregara uno a uno y en sus manos los cheques a los regidores, previa firma y huella digital que los mismos plasmaron en las pólizas respectivas.

Según fuentes extraoficiales, los únicos ediles que no participaron en el "boicot" fueron Mercedes Estrada Mérida y Luis Castillo, regidora y síndico municipal, respectivamente, ambos del PAN.  A la postre, sin embargo, todos los integrantes del cabildo cobraron el exigido bono junto con su quincena.