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La represión se ha desatado en la Facultad de Derecho de la UADY, en virtud de los procedimientos administrativos que de manera completamente irregular ha instruido el director, José Luis Vargas Aguilar, en contra de los integrantes de la sociedad de alumnos que de manera pacífica protestaron por el proceso electoral amañado, mediante una convocatoria a modo, para beneficiar a un aspirante, señaló Samuel Gómez Xecé, Presidente de la Sociedad de Alumnos de dicho plantel.
Destacó que la dirección de ese plantel los ha hecho reos de un procedimiento administrativo de manera indebida, toda vez que los acusa de bloquear e impedir el libre acceso a las instalaciones de dicho plantel, de generar un ambiente de zozobra entre alumnos y profesores, perturbar las labores universitarias y generar inseguridad, inestabilidad y conflictos, provocando la suspensión de clases y los consecuentes perjuicios académicos a la facultad.
Gómez Xecé subrayó que los citatorios les parecen arbitrarios, toda vez que no invocan el fundamento legal en que se basan, lo que además de contravenir las convenciones legales, despierta un estado de inquietud y ansiedad entre los alumnos requeridos para deponer respecto a los hechos, pues los estudiantes se encuentran en periodo de exámenes y éste es un hecho que indiscutiblemente distrae su atención y les resta concentración.
Expresó que es en tal virtud que la mayor parte de los alumnos requeridos se ha reservado su derecho de declarar, si bien algunos han referido su participación en los acontecimientos, pues nada indebido hicieron ni tienen que ocultar. Lamentó que los citatorios se realizaran de manera parcial y facciosa, toda vez que solamente fueron enviados e involucran a integrantes de la sociedad de alumnos y no incluyen partidarios de Jorge Carlos Ramírez Granados.
Resaltó que es lamentable que la rectoría y la dirección de la facultad de derecho procedan de manera contraria a los principios que debieran defender y reiteró que el único responsable del clima de confrontación, inseguridad, zozobra y de los incidentes de violencia suscitados con antelación, es el director de dicho centro educativo, José Luis Vargas Aguilar.
Entrevistado respecto a los citatorios enviados al alumnado y los procesos administrativos instruidos en su contra, Vargas Aguilar mencionó que las investigaciones se realizan para deslindar responsabilidades, a efecto de tomar las medidas para que los hechos no se vuelvan a repetir.
Destacó que los procedimientos respetan el derecho de audiencia de los indiciados y que a éstos se les concede estar acompañados por persona de su confianza para que los asista o represente.
Refirió que la universidad institucionalmente emitió un boletín de prensa donde se puntualizan todas las situaciones derivadas de estos procesos. No obstante, al revisar el texto difundido a los medios, observamos que se invocan leyes y reglamentos universitarios, sin precisar el o los artículos ni el ordenamiento legal que se consideraran transgredidos, conforme a lo consignado anteriormente por el dirigente estudiantil, Samuel Gómez Xecé.
Vargas Aguilar refirió que se citaría a todos los involucrados, afirmación que choca con lo expresado por el líder estudiantil y con lo que pudieron externarrnos varios de los comparecientes, que nos solicitaron el anonimato ante el temor de represalias del orden académico; y destacó que los comparecientes declaran acompañados de personas de su confianza y ante notario público (uno por la facultad y otro por los estudiantes) y ante personal de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que consideró se cubren todas las formalidades legales.
Reiteró que la Facultad de Derecho es un espacio abierto a la pluralidad y la transparencia, apegándose al texto del comunicado.