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México, D.F., 15 de octubre de 2010.- Luego de 15 días de actividades, hoy concluyó la visita oficial a México de la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, con el objeto de revisar la adecuada procuración y administración de justicia en México.
La visita respondió a la invitación que hizo el Gobierno de México a
esa Relatoría Especial, en el contexto de la política de plena apertura y
cooperación con los organismos internacionales de derechos humanos.
Durante la visita, la Relatora se entrevistó con el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre otros altos funcionarios federales.
Igualmente, sostuvo reuniones con los ministros de la Suprema Corte
de Justicia y otros órganos del Poder Judicial, colegios de abogados y
organizaciones de la sociedad civil. La Relatora llevó a cabo visitas a
Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y el Estado de México.
Durante sus reuniones con el Gobierno Federal, la Relatora recibió amplia
información sobre la implementación de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública; de la forma en la que ya ha sido implementada en ocho estados de la República y de las medidas legales,
de capacitación y de modernización que se están adoptando para que dicha
reforma entre en vigor en todo el país en el plazo de ocho años previsto.
Igualmente, y a solicitud de la Relatora, se le explicó detalladamente la manera en la que dicha reforma protege de manera rigurosa las garantías
del debido proceso.
En otro tema importante, el Gobierno de México expresó su pleno
interés y disposición para avanzar de manera efectiva en la adecuada
implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), subrayando que el reconocimiento de esa jurisdicción
internacional fortalece la protección de los derechos humanos en el país.
Hoy, durante su último día de actividades en nuestro país, la Relatora se
reunió en la Cancillería con las instituciones federales y estatales, así como
con los distintos Poderes que participaron en la visita.
La Relatora agradeció la invitación y la plena cooperación del Gobierno de
México en la visita. Igualmente, adelantó sus consideraciones sobre los
avances en materia de impartición de justicia que identificó durante su visita, así como los desafíos en la materia.
Subrayó que México ha llevado a cabo reformas constitucionales de largo
alcance, particularmente la que se realiza al sistema de justicia penal. Dijo
que la presunción de inocencia y la invalidez de declaraciones que no sea
rendida ante el juez, son elementos muy positivos.
Igualmente, subrayó buenas prácticas en el contexto del Poder Judicial,
al señalar, por ejemplo, que "ha dado pasos significativos en materia
de transparencia y acceso a la información" con la publicación de sus
sentencias y la celebración de audiencias públicas.
También celebró las iniciativas legislativas de otorgar al Poder Judicial un
porcentaje anual no inferior al dos por ciento de los presupuestos federal y
estatal. Adicionalmente, puso de relieve el avance que representa para una
correcta administración de justicia la equiparación de la remuneración de los defensores públicos con los ministerios públicos.
La experta internacional dijo que los controles de confianza en Ministerios
Públicos, policías y órganos que imparten justicia, "han sido avances claros
para combatir la corrupción y mejorar la calidad de los funcionarios de la
administración de justicia".
Subrayó también la importancia del Centro de Inteligencia y Análisis Táctico de la Policía Científica de la División de Investigación de la Secretaría
de Seguridad Pública Federal, que ha contribuido a mejorar la calidad
investigadora del delito en el país.
La Relatora hizo un llamado al Congreso de la Unión a aprobar el proyecto
de reforma constitucional en materia de derechos humanos que permitirá
avanzar hacia una efectiva protección de tales garantías en el país.
Además, anticipó que, cuando presente su informe oficial a la ONU,
formulará un conjunto de recomendaciones. Anunció que se referirá a la
pertinencia de contar con "un sistema integral de prevención y protección
para todos los operadores de justicia".
Anotó que el Estado debe tomar en cuenta los más altos estándares
internacionales para la ejecución de las sentencias de la CIDH. Destacó
que otros aspectos en los que el Estado mexicano debe avanzar, son el
fortalecimiento del sistema de defensoría pública de oficio en los estados,
así como en medidas de combate a la corrupción que afectan a las
instituciones que imparten justicia "en distinto grado e intensidad".
Mencionó que el Juicio de Amparo debe convertirse en un medio de
protección judicial para toda la población y llamó a la aprobación de la
reforma que posibilite el amparo colectivo y propuso también la colegiación
obligatoria para los abogados.
Con base en su mandato, la Relatora presentará al Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, en junio de 2011, un informe sobre su visita a México. Boletín de la PGR.