Los relevantes decisiones judiciales, apenas dictadas el jueves y viernes por dos distintos jueces federales están a punto de echar abajo, de manera definitiva, la licitación 21 en la que se benefició indebidamente al consorcio Televisa-Nextel con la adjudicación de un segmento importante del espectro radioeléctrico para servicios de telefonía móvil a precio de ganga. Una acción gubernamental de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, completamente desaseada, simuladora, que en ningún momento se ha ajustado al espíritu de la ley.

Las bases de la licitación fueron un "traje a la medida" para favorecer a uno de los participantes. Si el procedimiento ha sido tortuoso las consecuencias son igualmente malas, desastrosas: robustecer una empresa que es dominante en el mercado de la Televisión, empresa que impone reglas al Estado, que dobla a los actores políticos más diversos para conseguir privilegios administrativos, condonaciones fiscales, descuentos en el pago de derechos, leyes al gusto.

Sin embargo, parece que se ha vuelto a topar con el Poder Judicial de la Federación que, de nueva cuenta y como en la "ley televisa", emerge con el músculo de su fuerza constitucional y el honor de ser el reducto de la soberanía estatal, ante el desmantelamiento de los demás poderes formales a manos de los poderes fácticos.

El juez segundo de distrito en materias de amparo y de juicios civiles federales con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, otorgó una sentencia que concede la suspensión definitiva a fin de que paralicen los efectos naturales y jurídicos derivados de la entrega de concesiones por la SCT a Televisa-Nextel. Esto es, para que no se lleve a cabo el aprovechamiento y explotación del espectro asignado, hasta en tanto no se resuelva el fondo del amparo presentado por la empresa Iusacell, excluida de la licitación.

Más demoledora que la anterior, es la resolución mediante la cual el juez vigésimo séptimo de lo civil con sede en el DF, emitió una medida cautelar que ordena la nulidad de la empresa NII Digital, conformada por Televisa-Nextel para operar un bloque de 30 mhz, "por ejecutar actos habitualmente ilícitos y proceder a la liquidación inmediata de la misma". La medida judicial ordena a NII Digital abstenerse de hacer uso, aprovechamiento y explotación, por sí o por otra persona, de los derechos derivados de los títulos de concesión de la licitación 21 del espectro. De igual firma le ordena abstenerse de celebrar o ejecutar actos, convenios o contratos con cualquiera de las personas físicas o morales que cedan, transmitan, arrienden, otorguen en comodato o transfieran derechos de uso, aprovechamiento y explotación derivado de los títulos de concesión.

Estas eran las consecuencias previsibles de un proceso que empezó mal y del cual se hicieron muchas advertencias por técnicos, ex funcionarios (dos ex subsecretarios del ramo, uno con Fox y otra con Calderón) e influyentes comentaristas de la vida nacional. Fue también la postura de tres de los cinco comisionados que integran el órgano regulador. De Los amparos y las suspensiones judiciales dictadas por jueces. Pero el compromiso previo con la empresa más influyente de la comunicación electrónica, prefirió arriesgarlo todo, no sólo el daño a las finanzas estatales, sino el fortalecimiento de una empresa televisora cuya codicia es ilimitada y cuya actuación en la vida nacional es desastrosa.

Desde al año pasado lo dijimos en estas páginas: "con esta decisión se está dando un golpe letal al Estado de Derecho y al Estado mismo".

Y por ello tuve que ir con todo a impugnar esta licitación, en medio incluso de la incomprensión o el reclamo de algunos compañeros que piensan que nuestra condición de partido en el gobierno nos debe llevar hasta el disimulo de hechos como éste. Pero el dilema es moral: la simulación, la maniobra leguleya, "la ventana de oportunidad legal con la que se entregó el título de concesión", la mentira ofensiva o la verdad. Por una ventana de oportunidad legal se hizo del fuero un diputado acusado de vínculos con el narcotráfico.

La política no puede estar por encima de la verdad, las políticas públicas no pueden fortalecer los monopolios. La política tiene una inspiración justiciera, moral, si no, es acción de contubernio, complicidad simulada. Es máscara de legalidad carente de moralidad.

Como panistas tenemos un deber de congruencia con nuestro pasado histórico. La visión de los fundadores fue establecer en México un Estado de Derecho que obligase tanto al ciudadano como a la autoridad. Documentos, discursos, desplegados desde nuestra fundación dan cuenta de posturas antimonopólicas y la necesidad de leyes ajustadas a la razon y a la libertad o mejor dicho, a las libertades. Es en esa pérdida de nuestros principios donde está la explicación del porqué muchos ciudadanos nos han retirado su confianza.

¿Qué hacer hoy en donde somos testigos de un procedimiento simulado cuyas consecuencias son nocivas y fraudulentas? ¿Sentarnos y ver pasar un acto dañino al desarrollo de la Nación? Lo hemos denunciado en la tribuna y en el espacio periodístico, pero han sido incapaces de detenerlo.

Esto es lo que he recordado a mis compañeros de bancada en el debate que sostuve el pasado miércoles con el Secretario de Comunicaciones, el Maestro Juan Molinar Horcasitas. ¿Qué hizo el partido desde su fundación?, ejercer todos los procedimientos que entonces la ley brindaba cuando se burlaba y atropellaba al Derecho. Se llevaron problemas electorales ante la Corte, ante el Ministerio Público, incluso ante organismos internacionales. No hubo derecho que no se ejerciera para defender la verdad para buscar la rectificación de la autoridad. Decía Gómez Morín que Acción Nacional debía hacer evidente el atropello.

Durante años el partido exigió que imperara en el país el Estado de Derecho. El Estado donde la ley es obligatoria tanto a autoridades como a gobernantes. La ley exige que en las licitaciones la autoridad no tenga favoritismos que todos los que participen en un concurso tengan las mismas oportunidades en donde el servicio público esté por encima del interés particular, que los recursos públicos tengan el mejor destino. En donde la obra pública o el otorgamiento de las concesiones se otorgue de manera transparente y no discrecional.

Durante años combatimos el patrimonialismo. Que los funcionarios o un gobierno no manejaran los bienes públicos como patrimonio personal ni de grupo sino como bienes públicos sujetos a condiciones legales. Las concesiones que el Estado otorga no pueden ser dadas como pago de favores o en espera de ellos. Desde la época de Gómez Morín se tachó al régimen priísta de faccioso. No podemos nosotros pavimentar el camino a cualquier tipo de claudicación.

Leyes o actos administrativos que dispensen privilegios y descuentos a una empresa poderosa cuyos dueños engrosan las listas de los hombres más ricos del mundo, no son reflejo del Bien Común. Además que se niega a las finanzas públicas de ingresos importantes con las cuales se atenderían necesidades apremiantes.

En este momento un gobierno de Acción Nacional lucha por la Seguridad Pública y propone fortalecer los cuerpos de seguridad. Al hacer esto y conseguirlo se fortalecerá el Estado mexicano. Pero ese gobierno no tiene el mismo celo en otras áreas como es el de las telecomunicaciones. Lo que pedimos es congruencia. El fortalecimiento del Estado es para el bienestar de la Nación. Es incongruente que en seguridad pública se luche de manera heroica por el fortalecimiento del Estado y en materia de telecomunicaciones, en materia económica se debilite al Estado mismo.

Posdata Uno: La Coparmex de Chihuahua ha dado a conocer un informe de evaluación sobre el desempeño de los trece diputados federales en el Congreso de la Unión, 9 del PRI y 4 del PAN. Presumiblemente busca realizar un análisis de la productividad legislativa, en relación con el "costo" que cada diputado representa al erario federal. El documento es penoso, pero no por sus pretendidas conclusiones reprobatorias, sino por la ignorancia supina que del funcionamiento del Poder Legislativo da muestra, por la incultura política que lo atraviesa, porque está hecho con el estómago y no con la cabeza.
Reducido el método a comparar cuántas iniciativas de diputados chihuahuenses se han aprobado en relación con lo que cada uno recibe de sueldo, la simplona conclusión es que la única que ha podido pasar al pleno costó 23 millones de pesos. Sostengo que la época crepuscular del rigor ético y profesional, atraviesa no sólo a la política, sino también al mundo empresarial. Ya no hay aquellos análisis sesudos y bien estructurados del sindicato patronal que tanto influían en la toma de decisiones y que tanto orientaban a la opinión pública. "Se dijo en el desayuno de la Coparmex...".
Convencido de la observación y el seguimiento a la labor legislativa por parte de los grupos organizados y de los ciudadanos en particular, es fundamental que esta labor se lleve a cabo con un método serio y calificado. Sin las vaciladas que se contienen en el informe al que me refiero, porque entonces el objetivo se torna inútil, y en lugar de constituirse en una presión eficaz a la productividad legislativa, sólo contribuirán al debilitamiento de las instituciones democráticas. Reitero desde aquí mi disposición para tener un encuentro público con los directivos de la Coparmex, y analizar su documento.

Posdata dos: Sin percatarse de su nueva condición de Gobernador del Estado, inconsciente por incapacidad de que a su cargo y responsabilidad estará el mayor esfuerzo por el respeto político a la pluralidad, condición indispensable para la armonía y gobernabilidad que merece nuestra tierra, César Duarte Jáquez vuelve a agredir y difamar a Luis Herrera González, a quien ahora acusa de haber "ratoneado" 260 millones de pesos de recursos federales para la obra carretera vía corta Chihuahua - Parral.
Quizá piense César Duarte que el estado de convalecencia del ex delegado de la SCT no producirá respuesta a su dicho, o pretenda aprovecharse de que los directivos del PAN en el Estado no salgan a defender a uno de sus más ilustres y prestigiados miembros. Se equivoca de cabo a rabo. Somos varios los que en su lugar podemos dar respuesta a sus declaraciones de baja ralea. De ello daré cuenta la próxima semana.
Indemne a los propósitos que buscan manchar su prestigio de hombre íntegro, el Ingeniero Luis Herrera González vive su recuperación en la tranquilidad de la conciencia limpia, con el respeto de su familia y de sus amigos. Tampoco necesita más.