Mérida, Yucatán, 25 de octubre de 2010.- Los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI aprobaron que se dote de un número indeterminado de escoltas a diversos ex funcionarios, con lo que tácitamente reconocen que Yucatán ya no es un estado seguro, como se pregona oficialmente.

Al analizar la iniciativa de Ley de Fiscalía General, los legisladores priístas que forman parte de las comisiones de Puntos Constitucionales y Para la Implementación de la Reforma Constitucional, haciendo valer su mayoría, aprobaron en el dictamen el artículo 25 tal como lo envío el Ejecutivo, con lo que abrieron la puerta a la proliferación de escoltas.

El artículo 25 señala que la Fiscalía General "se asegurará de que el servicio que se preste a quienes hayan desempeñado los cargos de Gobernador, Fiscal General, Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Ministerial Investigadora, se realice con un mínimo de cuatro agentes dotados de automóvil, sistema de comunicación, armamento adecuado y demás elementos que les permita realizar un trabajo profesional y efectivo, y a los directores de algunos de los Centros de Readaptación Social o Director del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, se realice con un mínimo de dos agentes dotados de los mismos elementos".

O sea, se puso un mínimo de guardaespaldas para cada uno de los ex titulares de los cargos mencionados, pero no se fijó un máximo. Los diputados del PAN, Lízbeth Medina Rodríguez, Tito Sánchez Camargo y Renán Barrera Concha, integrantes de las comisiones mencionadas, propusieron que este punto fuese definido en el reglamento correspondiente de la ley, pero los legisladores priístas se opusieron.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN aclararon que no están en contra de dar las garantías mínimas de seguridad a quienes ocuparon los cargos señalados, pero indicaron que es preciso que esté regulado el sistema de protección, a fin de tener certidumbre y evitar dar "manga ancha" al uso de ese servicio.

Para tener derecho a ese servicio, pagado con el erario, los ex funcionarios deberán haber permanecido en el cargo cuando menos un año y se le dará por un período igual al que laboraron, con la posible prórroga a solicitud expresa del interesado.

En cuanto al artículo 13, el Dip. Barrera Concha pidió que para ser vicefiscal en delitos electorales o en contra del medio ambiente, se establezca que no haya sido postulado para cargo de elección popular ni dirigente de partido, en este último caso los tres años previos. La propuesta fue aprobada.

Los diputados del Grupo Parlamentario del PAN aprobaron el dictamen de la Ley, excepto el artículo 25.

Durante la sesión de las dos comisiones, también se analizó y aprobó el dictamen de la iniciativa de Ley del Instituto de Defensa Pública, a la cual, a propuesta del Dip. Barrera Concha, se modificó el artículo 30 en su fracción II, a fin de que entre los requisitos para ser defensor de oficio o asesor jurídico se exija un mínimo de tres años de experiencia, a fin de homologar este requisito con la ley federal. La iniciativa fijaba dos años de experiencia. Boletín del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado.