Quienes tenemos la fortuna de trabajar en sector público, nos debemos al pueblo, que es a fin de cuentas quien paga nuestros sueldos. Con mucha mayor razón esto es así, en el caso de nosotros los diputados, que no solamente somos electos por decisión libre y soberana del electorado, sino que además por esto mismo, llevamos la representación de la ciudadanía en lo correspondiente al sistema de división de poderes vigente.

Es por esta misma razón que resulta contradictorio que el poder que por definición implica la representación popular rechace dar la cara a la ciudadanía, para posibilitar conocer sus opiniones y puntos de vista respecto a la integración del presupuesto y el paquete fiscal para el año venidero, más allá de que pudieran significar argumentos de peso para modificar alguno de los rubros previstos.

En este orden de ideas, fue que mi compañero, el diputado Renán Barrera, promovió un punto de acuerdo que solicitaba realizar un foro en las instalaciones del legislativo, para dar oportunidad a diferentes organizaciones de la sociedad civil a manifestar su parecer, como no solo a derecho corresponde, sino como sería lo normal en el seno de una sociedad que se dice democrática.

El problema es que no fue así. Los diputados pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional rechazaron tajantemente esta posibilidad, que habría permitido legitimar con el punto de vista ciudadano el presupuesto estatal. Paradójico que ocurra tal cosa en una administración que se dice sensible y que predica  escuchar a la gente, pero así sucedió.

Debemos mencionar al respecto, que esta actitud contrasta con la que adoptó el gobierno anterior, de Patricio Patrón Laviada, en lo correspondiente al caso Metropolisur, donde se verificaron tres foros en el congreso para que la sociedad civil, los colegios y agrupaciones de profesionistas e incluso los partidos políticos, tuvieran ocasión de expresar su parecer.

Contrasta también con lo sucedido en la misma administración de Patricio Patrón, en la que organizaciones empresariales y agrupaciones obreras unidas, dieron marcha atrás a la intención gubernamental de incrementar en ese entonces, el monto del impuesto sobre nóminas. Digo esto, para que el lector pueda establecer comparaciones y forjarse un criterio.

La determinación de la mayoría priista de imponer a rajatabla la iniciativa de la titular del ejecutivo, es completamente desafortunada y agravada todavía más, con la actitud de voltear completamente las espaldas a la ciudadanía, como si su opinión no fuera importante y el clamor social no existiera.

Ante la intención oficialista de otorgar a la titular del ejecutivo recursos para continuar derrochando irresponsablemente, los diputados de Acción Nacional, un servidor particularmente, nos opusimos para defender los intereses de las mayorías, respondiendo a la confianza de nuestros electores. Que el pueblo juzgue quienes lo sangran y quienes estuvimos de su lado.

Diputado Tito Sánchez Camargo