La Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán se vende al mejor postor

Codhey, la instancia cómplice de las arbitrariedades

Enrique  Mejía Covarrubias, ingeniero civil y empresario de la industria de la construcción, no tenía idea de lo que estaba pasando, pero no le quedó más remedio que detenerse cuando tres vehículos le cerraron el paso y a punta de pistola lo obligaron a bajarse.

Aunque los desconocidos se identificaron como policías, estaban vestidos de civiles y con vehículos sin logotipo alguno. Eso lo hizo temer por su vida pues no importa lo que le habían dicho, "la ley", pensó, "no actúa de ese modo"; pero se equivocó.

Luego de varias vueltas por la ciudad, fue llevado al edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán (PGJE) donde finalmente le informan de la razón de su detención: un supuesto cobro de dos pagarés firmados por la Sra. Mara Rocío Peñaflor Sánchez.

Poco le importó a la PGJE pasarse por alto tres detalles importantes: 1) que la denunciada está demandada por fraude e incumpliento, 2) que los pagarés no fueron cobrados y 3) que la persona acreditada para hacerlos efectivos es el abogado del Sr. Mejía.

Aunque no era culpable del delito que se le imputaba, le ofrecieron tres alternativas para su "situación": 1) permanecer en prisión mientras se arreglaba jurídicamente el problema; 2) pagar una fianza de aproximadamente $40,000, $7,000 por gastos y la reparación del daño por $3.5 millones de pesos; y 3) que él otorgara el perdón por el cobro de los pagarés y por las demás denuncias en contra de la Sra. Peñaflor; entonces "él sería perdonado" legalmente de su "adeudo" y podría salir libre.

Ante el temor de sufrir algún "accidente" en prisión, el Sr. Mejía Covarrubias aceptó la tercera opción con la esperanza de poder revocar el perdón, ya que estaba siendo víctima de presión de las autoridades.

A un año de esa situación, la pesadilla continúa.

Enrique Mejía Covarrubias durante su entrevista en Artículo 7.

En visita a Artículo 7, dio a conocer que antes de su secuestro por parte de las autoridades, la Sra. Peñaflor y él eran amigos y por ello decidieron emprender un negocio juntos: la compra de terrenos para construir tres predios, uno de los cuales sería vendido posteriormente, para recuperar la inversión.

Agregó que la construcción de las casas comenzó en marzo de 2008, pero que al pasar los meses, la Sra. Peñaflor comentó que ya  no tenía más efectivo para seguir con la edificación.

—Ante esta situación, le pedi que firmáramos un contrato de participación para liquidar las deudas existentes, así como la firma de dos pagarés, a mi nombre, como garantía del contrato. Los pagarés ascendían a $3.5 millones de pesos.

Explicó que, posteriormente, la Sra. Peñaflor incumplió el contrato, ya que vendió a su madre, en forma simulada, un predio con un valor de 3.5 millones de pesos a $450,000 y otro de los predios lo gravó.

—Al ver esta situación, le pedi que llegáramos a un acuerdo para que me devolviera todo lo que me debía por el trabajo realizado en la construcción de las casas. En lugar de hacerlo, se escondió.

Entonces, la demandé en la agencia 32 del Ministerio público por fraude por vender un terreno, hacer venta simulada de otro, e incluir el contrato.

Dio a conocer que a pesar de haber denunciado el delito de fraude con pruebas, testigos, peritajes y aún estando confesa como responsable, no se consignó el expediente, quedándose congelado del 20 de octubre de 2009 al 18 de noviembre de 2010.

El Ing. Enrique Mejía a su salida del Congreso del Estado; acudió allí a denunciar a Héctor Cabrera Rivero, Procurador del Estado de Yucatán.

Señaló que el Ministerio Público resolvió, sin fundamento alguno, la extinción de la acción penal.

—En mi denuncia se tardaron 15 meses y resolvieron contrario a la ley no consignar; y en mi perjuicio, la consignación ilegal que otorgaron, lo hicieron en sólo cuatro meses, sin pruebas para comprobar el delito por el cual fui detenido y encarcelado.

La justicia no falló a su favor —explicó— porque cuando inició el proceso legal contra la Sra. Peñaflor Sánchez, gente de la PGJE le pidió dinero —a través de su abogado— para actuar en contra de la demandada.

—Tenía todas las pruebas a mi favor; no tenía por qué pagar por eso. A raíz de eso, todo se estancó.

De haber sabido que la justicia tenía precio en Yucatán, hubiera preguntado cuánto costaba. Al parecer, es la única forma de que la ley sea aplicada.

Ante esa situación y el secuestro que sufrió el 15 de diciembre de 2009, decidió realizar varias denuncias. La primera la definió por un "secuestro institucional mediante un proceso penal simulado", efectuada contra el Ministerio Público; y en contra el Juez Quinto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado por abuso de autoridad y delitos contra la impartición de justicia, al fijarle una fianza ilógica, desproporcional e injusta.

Mencionó que el Juez que llevó su caso, Jorge Andrés Vázquez Juan —el mismo que vio el caso de Cecilia Flores y renunció a proseguir con el juicio de Wafé Kuri— fue el responsable de autorizar una orden de aprehensión, sin fundamentos.

Dijo que, en enero de este año, promovió una queja ciudadana ante la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, pero nunca le fue concedida la audiencia que solicitó.

—Posteriormente, en marzo de 2010, promovió una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), que hasta la fecha sigue sin resolverse porque la CODHEY es un verdadero cómplice de las arbitrariedades que sufren los ciudadanos.

Comentó que, continúan las denuncias en diversas estancias y no descansará hasta que se le haga justicia y pueda cobrar los pagarés que le adeuda la Sra. Peñaflor Sánchez.

El Sr. Mejía Covarrubias presentó el 3 de diciembre ante la Comisión para la Implementación de la Reforma Constitucional y Legal en Materia de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado contra el Procurador del Estado, Héctor Cabrera Rivero, por el secuestro cometido en su contra por personal de la PGJE.

—Por la responsabilidad en su esfera de competencia de diversas conductas previstas y sancionadas en nuestra legislación penal vigente.

Finalmente, dijo que a pesar de lo desgastante que resulta el exigir que se castigue a los responsables de las arbitrariedades cometidas en su contra y el lograr justicia en el caso contra la Sra. Peñaflor Sánchez, continuará en la lucha. L.I.