Rocío Rodríguez Alayola, comentó que exhibiéndose como un individuo timorato y temeroso de incurrir en la ira de los poderosos, Luis López Martín, presidente del consejo de notarios del estado de Yucatán, se limitó a poner a disposición de la titular del poder ejecutivo del estado, el expediente de la causa penal que se sigue a su aún esposo, el notario público número 16 Carlos Alfredo Evia Salazar, dejando en manos de la gobernadora la responsabilidad de decidir su suerte.

Consejo de Notarios turna el caso al ejecutivo

Comentó que obra en su poder copia del acta de la más reciente asamblea realizada por el consejo de notarios del estado de Yucatán, el día 7 de febrero de 2012, reunión en la que debía decidirse que sanción imponer a Evia Salazar, de conformidad a lo prescrito en la ley del notariado, que dispone que en caso que alguno de los fedatarios incurra en actos que lesionen la imagen del colectivo de notarios, se impondrán sanciones que van desde la suspensión temporal de actividades, hasta la definitiva.

Mencionó que el supuesto anterior se encuentra fehacientemente acreditado con la demanda interpuesta contra su aun esposo por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en autos del juzgado octavo de defensa social y con el auto de formal prisión librado en su contra, por el juez de la causa, destacando que López Martín en vez de asumir su papel como presidente de una entidad autónoma como el consejo de notarios, adoptó una conducta temerosa y se limitó a poner a disposición de la gobernadora el expediente correspondiente, lo que hace pensar que veladamente está protegiendo a su cofrade, por un malentendido espíritu de cuerpo.

Encubrimiento indebido

Indicó que López Martín intentó desde un principio proteger a su cofrade, desde el momento que tardó mas de un mes en resolver algo que pudo haber hecho en un par de días y que para peor suerte, ni siquiera se atrevió a implementar una sanción, sino que procedió como si fuera una oficina de trámites al servicio de la titular del ejecutivo estatal, lo que es vergonzoso para él y deja muy malparado al notariado yucateco.

Subrayó que ahora la pelota se encuentra en la cancha de la titular del ejecutivo, toda vez que la ley del notariado no especifica el tiempo en que el ejecutivo debe de resolver en un caso como este, en el que el consejo de notarios no tomó determinación alguna. Enfatizó que el oficio en que López Martín turnó al ejecutivo la responsabilidad de determinar lo que se debe hacer con Evia Salazar, iba con copia a Sergio Cuevas González, reputado de manera pública y notoria, como protector de su aún esposo, merced a actividades de negocios en común.

Reiteró que espera que en esta ocasión la gobernadora cumpla con aplicar la ley del notariado, toda vez que anteriormente le dirigió una carta en la que le daba a conocer su situación y circunstancias, no hubo respuesta alguna. Agregó que esperaba que como mujer fuera sensible a la situación por la que está atravesando y que confía en que cumpla con la protesta realizada al asumir la titularidad del ejecutivo estatal de cumplir y hacer cumplir la ley.