1308 palabras
En enero de 2011, la entonces alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, declaró que el comercio "indebido" en la ciudad en sus modalidades de ambulantaje, piratería y clandestino, por sus dimensiones, se había convertido en un problema social, económico y ambiental. Además, destacó que el ambulantaje pone en riesgo la protección civil, seguridad, medio ambiente, patrimonio cultural, la imagen urbana y el desarrollo económico de la ciudad.
Además, señaló que los perjuicios por esta actividad son observables en todos los ámbitos y para todos los sectores, por la inaccesibilidad en los espacios públicos, daños arquitectónicos y contaminación visual y ambiental; y el incremento de residuos sólidos que no son depositados en los contenedores.
Por este motivo, la alcaldesa, a través del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio (COPLADEM), convocó a 90 asistentes de asociaciones civiles, cámaras empresariales, instituciones académicas y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) a presentar propuestas y análisis para el Plan Integral de Ordenamiento de Comercio.
Este proyecto, que fue anunciado a los medios de comunicación, incluyó la creación de un Consejo Consultivo conformada por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO); la Cámara de la Industria Restaurantera (CANIRAC); el Plan Estratégico de Mérida; asociaciones civiles e instituciones relacionadas con este problema. Sus objetivos serían: diseñar y cumplir un calendario de seguimiento del Plan Integral de Ordenamiento de Comercio; vigilancia en el cumplimiento estricto de la Ley por parte de las autoridades; y la aplicación en forma estricta de la ley a quienes realicen cualquier tipo de comercio ilícito, que ponga en riesgo la integridad física de cualquier persona.
La entonces alcaldesa Angélica Araujo durante el anuncio a los medios de comunicación de la elaboración del Plan Integral para el Ordenamiento del Comercio.
De acuerdo a información publicada en la página Web del Ayuntamiento de Mérida, entre las estrategias definidas para poner en marcha este proyecto, que traería un gran beneficio a la ciudad y a sus habitantes —como crear mercados en los nuevos asentamientos humanos del municipio y vincularlos con los existentes en la ciudad y sobre todo, elaborar un reglamento dentro del ámbito municipal que regule el comercio en Mérida para acabar con duplicidades y vacíos legales y establezca disposiciones pertinentes para su observancia estricta, incluyendo sanciones para ciudadanos incumplidos y funcionarios responsables de su manejo y obligación.
El Ayuntamiento de Mérida continuó con la farsa sobre la regulación del comercio ilícito al nombrar a los encargados de las estrategias antes mencionadas. Gaspar Quintal Parra, oficial mayor; Omar Pacho y Sánchez, director de Desarrollo Económico; Ermilo Barrera Jure, director de Servicio Públicos Municipales; y Yolanda Fernández Martínez, directora de Desarrollo Urbano; así como tambíen, al elaborar un cronograma de trabajo, que concluiría en febrero de 2012.
Ese cronograma, que también involucra al COPLADEM y a la Dirección Municipal de Obras Públicas, entre otros, señala como línea de trabajo la rehabilitación de los mercados; la reactivación del Mercado San Benito en su infraestructura; realizar inpecciones a comercios establecidos para combatir la contaminación por ruido; realizar el proyecto para presentar el Plan Integral de Ordenamiento de Comercio al Cabildo a fin de que sea una política pública para las siguientes administraciones, entre otras actividades.
Mientras eso sucedía, el Ayuntamiento de Mérida, que por un lado se decía a favor de regular el ambulantaje y evitar su crecimiento, se hacía de "la vista gorda" ante la invasión de vendedores que, poco a poco, fueron apoderándose de las calles del primer cuadro de la ciudad, especialmente de las cercanas a la Plaza Grande.
Haciendo gala de su doble moral, Angélica Araujo sorprendió a los meridanos yendo en contra de su supuesto Plan Integral de Ordenamiento de Comercio, cuando en Septiembre, ocho meses después del anuncio del ese ambicioso e irreal proyecto, la mayoría priista aprobó la actualización del Reglamento Municipal de Mercados, que legalizó el ambulantaje, dándole manga ancha para colocarse en cualquier espacio público, en perjuicio de comerciantes establecidos y ciudadanos que verán ocupadas las banquetas y parques.
Los integrantes del Consejo Consultivo del Plan Integral para el Ordenamiento del Comercio.
En entrevista exclusiva con Artículo 7, el regidor del PAN de la Comisión de Mercados y Gobernación, Kirbey Herrera Chab, explicó en su momento que con este nuevo reglamento se permite —por primera vez— que entren en función los mercados sobre ruedas en cualquier punto de la ciudad, ya que lo único que se necesita es que el grupo de oferentes, mediante un oficio, informen los días y las zonas en los que se van a instalar.
Agregó que cualquier grupo de ciudadanos que se organice puede ocupar espacios públicos y de esparcimiento que, por ley, tienen los ciudadanos para disfrutar y convivivir, como son los parques.
El edil destacó que además de que el Ayuntamiento de Mérida no está regulando el ambulantaje, como supuestamente debería hacer, estaría fomentando la piratería, ya que el reglamento no es claro en cuanto al origen de los productos a vender.
Aunque algunas cámaras levantaron la voz ante esta puñalada trapera del Ayuntamiento, como la CANACO, los demás integrantes del supuesto Consejo Consultivo del Plan Integral de Ordenamiento de Comercio guardaron silencio, a pesar de que ellos mismos demandaron castigo para funcionarios que violaran las leyes favoreciendo el ambulantaje.
A casi un año del supuesto nacimiento de la elaboración de este plan, las cámaras empresariales, instituciones académicas y demás asociaciones civiles convocadas para participar en esta farsa, siguen sin decir una sola palabra y sin exigir a la Comuna meridana que ponga orden en las calles de la ciudad.
Además, apostándole al olvido, el Ayuntamiento de Mérida, no volvió a hablar sobre su ambicioso proyecto, el cual fue abortado debido al pago de favores políticos a líderes sindicales y otros grupos.
En unos meses, la administración de Angélica Araujo, encabezada actualmente por Alvaro Omar Lara Pacheco concluirá con el penoso record de haber invadido las calles del primer cuadro de Mérida, en tan sólo dos años, de cientos de vendedores, los cuales fueron, en su mayoría, controlados durante los últimos 20 años. L.I.