RICHMOND, Virginia, 24 de febrero.- Aborto sí, pero sólo después de haberse sometido a una ecografía que permita escuchar los latidos del corazón del feto. Esta es la condición que siete Estados de EE. UU. imponen a las pacientes que deseen interrumpir su embarazo y que esta semana consiguió un adepto más después de que Cámara baja de Virginia aprobara un texto que obliga a las embarazadas a tener que ver a su feto antes de poder abortarlo -eso sí, a última hora se cambió la norma y la ecografía no será vaginal si la mujer no lo quiere.

Agentes del orden sacan del Congreso de Virginia a una feminista (pro-choice) que enfureció cuando los legisladores definieron que la vida empieza en el momento de la concepción. (Foto Bob Brown/Richmond Times-Dispatch/Associated Press)

En la actualidad muchos estados del país requieren medidas especiales para esta intervención quirúrgica como, por ejemplo, tener el permiso paterno para menores de edad o la obligatoriedad de recibir atención psicológica. El extremo más destacado es el de Misisipi, donde a finales del pasado año un referendo echó abajo una ley que intentaba designar el óvulo fertilizado como 'persona' de pleno derecho, y por tanto, convertir su destrucción en un asesinato sujeto a penas de cárcel.

Desde que fue legalizado en 1973 por el Tribunal Supremo del país, el tema del aborto es uno de los más controvertidos en Estados Unidos. Para los sectores más conservadores, la interrupción del embarazo supone una atentado contra la vida, tal y como han dejado notar todos los candidatos republicanos que compiten en las primarias de este partido. Por su parte, el presidente del país, el demócrata Barack Obama, se ha mostrado siempre partícipe de que sean las mujeres las que decidan qué hacer con su cuerpo.

Precisamente en las últimas semanas la decisión del Presidente de obligar a instituciones religiosas a que financiaran métodos anticonceptivos para sus empleadas generó un terremoto político en Washington. La reacción en contra de esta medida era tal que Obama se vio obligado a dar marcha atrás en su plan, en lo que muchos interpretaron como una cesión a los ultraconservadores.

A pesar del supuesto rechazo social, lo cierto es que desde 1973 hasta el 2008 se han practicado en la nación unos cincuenta millones de abortos legales, según un estudio del Instituto Guttmacher.

Muchas asociaciones feministas se escudan en estos datos para batallar con las leyes restrictivas, que en su opinión resultan inconstitucionales por invadir la privacidad y el cuerpo de las mujeres.