Austin Ruse, presidente de Catholic Family and Human Rights Institute, informó que uno de los integrantes de la asociación a su cargo, Tim Herrmann, estuvo asistiendo a los debates del Comité de ONGs del Consejo Económico y Social de la ONU. Este es el cuerpo de delegados que aprueba o rechaza organizaciones no gubernamentales para ser reconocidas oficialmente en la ONU.

En las reuniones que acaban de concluir, fueron rechazadas una agrupación anticatólica y otra homo y transexual radicales, al menos temporalmente.

Durante las últimas dos semanas, un comité de supervisión de la ONU aparentemente intrascendente se reunió y los resultados fueron, sin lugar a dudas, importantes. Habiéndosele encomendado la tarea de analizar las solicitudes de cientos de agrupaciones que desean obtener reconocimiento y admisión oficial en las Naciones Unidas, el comité finalmente rechazó aconsejar la aprobación de varias y polémicas organizaciones proabortistas y anticatólicas.

Una de las más conflictivas que se presentó fue la organización no gubernamental argentina Católicas por el derecho a decidir Córdoba, que pertenece a una red internacional de agrupaciones proabortistas latinoamericanas que fue fundada en colaboración con la organización estadounidense Catholics for Choice. Esta última es quizás más conocida por contradecir directamente a la Iglesia Católica al proclamar que es posible ser católico y respaldar el aborto.

Se negó la recomendación de la organización cuando el representante de Pakistán señaló que el nombre en la solicitud era diferente de aquel con el que estaba registrada en su propio país. La Santa Sede explicó, además, que, en la legislación argentina, la Iglesia Católica es reconocida como una entidad pública y que una organización no podía utilizar el nombre de católica sin su aprobación. Permitirles el ingreso como Católicas por el derecho a decidir Córdoba, en vez de por el nombre legalmente reconocido de Asociación civil por el derecho a decidir, serviría para debilitar la ley argentina.

También se rechazó la recomendación de otra organización proabortista, Women Deliver. Se trata de una entidad dirigida por defensores del aborto que avanzan velozmente bajo la bandera de la salud materna con el objeto de hacer campaña a favor de derechos sexuales y de salud reproductiva más amplios a nivel internacional. Se formularon varias preguntas acerca de la organización durante la reunión, en relación con sus miembros, misión y actividades con organismos de la ONU como el Fondo de Población. Al fin y al cabo, no consiguió la aprobación del comité porque los países que lo componen quedaron insatisfechos con sus respuestas.

En dos ocasiones, durante la sesión, el comité se vio envuelto en acalorados debates en torno a Homosexuelle Initiative Wien, agrupación a favor de los derechos homosexuales con base en Austria. Más allá del hecho de que Marruecos quedó descontento con las respuestas a las preguntas del comité, varios de sus miembros, incluso la Santa Sede, manifestaron preocupación ante la falta de seriedad con la que la agrupación pareció considerar el proceso de aprobación.

La Santa Sede cuestionó, en particular, el polémico reclamo de la organización que sostenía que el único estado dentro de la Unión Europea con una edad de consentimiento inferior a la de Austria es el Vaticano, donde es de doce años. La Santa Sede no sólo indicó que tal ley no existe en el Vaticano, sino que también explicó que el Derecho Canónico sólo menciona la edad de consentimiento matrimonial que, en todo caso, no es de doce años. Dado que lo expuesto por la agrupación era incorrecto tanto en relación con los hechos como legalmente y que representaba un ataque difamatorio contra el Vaticano, se pidió que su solicitud fuera corregida antes de ser considerada en recomendaciones posteriores.

El comité de supervisión compuesto por diecinueve miembros es el principal punto de entrada para cualquier organización no gubernamental que busca obtener carácter consultivo oficial en las Naciones Unidas. Su propósito es analizar meticulosamente las actividades de cada organización y determinar si recomendará la organización para su aprobación final por parte del Consejo Económico y Social (ECOSOC).