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Reporte (22-XI-12) de Scott Stewart, vicepresidente de análisis de Stratfor
Enrique Peña Nieto asumirá la presidencia de México el 1 de diciembre. El priista comenzará su sexenio en un momento muy interesante en la historia de su país, que está experimentando una recuperación económica que puede llegar a ser aun más notable si la administración del Partido Revolucionario Institucional es capaz de trabajar en coordinación con sus rivales en el Partido de Acción Nacional para promulgar las reformas laboral, financiera y energética que necesita la nación.
Otro freno para la economía de México es la violencia de los carteles del narco, con severos perjuicios para la inversión exterior y el turismo. Peña Nieto se da cuenta de que la economía de México podría mejorar más si disminuye la violencia. Durante su campaña, se comprometió a que al final de su sexenio la tasa de asesinatos en México habrá bajado a la mitad, habrá aumentado el número de policías y funcionará una gendarmería que sustituya al Ejército en el combate a la delincuencia organizada en los lugares más violentos de México.
Según El Universal, Peña Nieto eliminará la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal pasará a depender de la Secretaría de Gobernación. Esta medida está destinada a mejorar la coordinación de los esfuerzos federales contra los carteles y combatir la corrupción. La Policía Federal se encuentra ahora bajo fuerte escrutinio por la participación de 19 elementos que el 24 de agosto balacearon un vehículo diplomático de EE.UU. en Tres Marías, estado de Morelos. El suceso ya desapareció de la atención en los Estados Unidos, pero sigue siendo noticia de primera plana en México.
Por supuesto, también hay comentaristas que consideran que la elección de Peña Nieto es un regreso al poder del PRI, que mantuvo el poder en México 70 años antes de la elección de los panistas Vicente Fox, en 2000, y Felipe Calderón, en 2006. Se estima que Peña Nieto volverá rápidamente a la política del PRI (negociar con el crimen organizado para acabar con el problema de la violencia) (n. de la R. 'Hay que negociar', dijo nomás ayer el ex presidente panista Vicente Fox).
Desafortunadamente para México, ni las reformas a la ley, ni un trato con los carteles pondrán rápido fin a la violencia. La naturaleza de los carteles de la droga y la dinámica entre ellos ha cambiado considerablemente desde que el PRI perdió la presidencia, y las mismas limitaciones que enfrentaron sus dos predecesores panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, dictarán a Peña Nieto sus opciones para reducir la violencia.
Como señaló George Friedman acerca de la elección presidencial en EE.UU., los candidatos a menudo aspiran a establecer políticas particulares pero, una vez en el poder, descubren que sus opciones están fuertemente limitadas por fuerzas externas. Lo mismo vale para el Presidente de México.
Fox y Calderón llegaron a la presidencia con planes para reformar las agencias de seguridad y procuración de justicia, pero sus intentos fracasaron. De hecho, la historia reciente de México está llena de casos de agencias de policía disueltas o reubicadas en el organigrama debido a acusaciones de corrupción. La Agencia Federal de Investigación (la AFI), establecida en 2001 por el gobierno de Fox, es un buen ejemplo de una "nueva" agencia creada para luchar contra la corrupción y posteriormente disuelta debido, precisamente, a la corrupción. Los planes de reforma policial de Peña Nieto se verán muy limitados por esta historia -y por la cultura mexicana. Las instituciones tienden a reflejar la cultura que las rodea, y es muy difícil establecer una institución resistente a la corrupción si la cultura no apoya sus esfuerzos.
Otro importante obstáculo para la administración de Peña Nieto es que el flujo de narcóticos desde Sudamérica hacia los Estados Unidos ha cambiado en las últimas dos décadas. Debido a la acción del gobierno de EE.UU., las rutas de la droga en el Caribe se han restringido, cambiando así el flujo cada vez más hacia México. Al mismo tiempo, las autoridades de Colombia y EE.UU. han hecho considerables progresos en su campaña para desmantelar el mayor de los carteles colombianos, cambio que favorece a sus similares mexicanos, cada vez más poderosos. De hecho, los carteles mexicanos han expandido su control sobre el comercio mundial de cocaína y dominan buena parte del tráfico hacia Europa y Australia.
Los carteles mexicanos siempre han estado involucrados en el contrabando de mariguana a los Estados Unidos, pero en los últimos años ha aumentado su participación en la fabricación de metanfetaminas y heroína de alquitrán negro, así como en el tráfico de medicamentos con receta, como la oxicodona. Mientras que el mercado de la cocaína en los Estados Unidos ha disminuido ligeramente en los últimos años, el consumo de las otras drogas ha aumentado, creando un beneficio lucrativo para los carteles mexicanos. A diferencia de la cocaína, que tienen que comprar a los productores de América del Sur, los mexicanos pueden obtener mayores márgenes de ganancia de la droga que ellos mismos producen.
Este cambio de rutas y clase de drogas volvió las rutas de contrabando a través de México más lucrativas que nunca, y la lucha por su control es cada vez más encarnizada. La competencia entre los carteles, pues, se traduce en violencia significativa no sólo en las ciudades fronterizas (Juárez, Nuevo Laredo), sino en puertos (Veracruz, Acapulco), así como en centros regionales de transporte (Guadalajara, Monterrey).
La naturaleza de los carteles en sí también ha cambiado. Atrás han quedado los días en que un capo como Miguel Ángel Félix Gallardo podría presidir una única organización tan poderosa como el Cartel de Guadalajara, que podía controlar la mayor parte del tráfico de drogas a través de México y resolver las controversias entre sub-carteles. El clima actual es de competencia feroz entre los barones de la droga, competencia cada vez más militarizada con comandos de sicarios reclutados entre ex policías y ex soldados. Los carteles de hoy comúnmente participan en enfrentamientos con grupos rivales y el gobierno, pues disponen de armas de uso del Ejército, incluso granadas de mano y proyectiles explosivos.
También es importante darse cuenta de que las operaciones del gobierno no son la causa principal de la violencia en México. La causa principal de la muerte y el caos en México es la violencia entre carteles. El gobierno de Calderón ha sido criticado por su política de decapitar a las organizaciones criminales y su consiguiente fragmentación (la Organización de los Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, el Cartel del Golfo) y aumento de la violencia dentro de cada grupo. Pero este tipo de violencia se inició en la década de 1990, mucho antes de que se implementara la 'estrategia de decapitación'.
Debido a que la lucha por el control de las lucrativas rutas del contrabando es el principal impulsor de la violencia, aunque la administración de Peña Nieto abandone la 'estrategia de decapitación' y ordene al Ejército y la policía federal que suspendan sus operaciones contra los carteles, la guerra entre éstos seguiría haciendo estragos en Monterrey, Nuevo Laredo, Guadalajara, Acapulco... por eso Peña Nieto no tendrá más remedio que continuar con el Ejército en las calles. La gendarmería tardará años en que haya suficientes paramilitares que reemplacen a los 30,000 soldados y marinos que en la actualidad se dedican a intentar mantener la paz en las áreas más violentas.
Otro cambio es que los carteles están aliados ahora con bandas callejeras y les pagan con producto -lo que significa que las ventas y el abuso de drogas van en aumento. Los narcóticos ya no sólo pasan por México de camino a Estados Unidos; el aumento en la distribución local ha traído consigo un segundo nivel de violencia, pues pandillas callejeras pelean por territorio de distribución al menudeo en las ciudades mexicanas.
Por último, la mayoría de los carteles se han diversificado: secuestran, extorsionan, incursionan en la trata de personas y robo de carga, además del tráfico de estupefacientes. Los Zetas, por ejemplo, ganan mucho dinero robando petróleo de PEMEX y de la piratería de CDs y DVDs. Este cambio se ha reflejado en las siglas: ya no se les clasifica como DTOs -organizaciones de tráfico de drogas-, sino más bien TCOs -organizaciones criminales transnacionales.
Con los cambios en México desde la década de 1990, en términos de los patrones de tráfico, los tipos de droga y de organizaciones criminales, será muy difícil para el gobierno entrante ignorar sus actividades y adoptar una táctica de laissez-faire. Esto significa que Peña Nieto no tendrá más remedio que continuar con la misma estrategia de Calderón.