Entre presiones groseras de fuera y autosocavamientos adentro, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) dio el paso y acordó modificar el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, para agilizar el nuevo modelo de comunicación político-electoral que el Congreso de la Unión aprobó en el año 2007.

El cambio consiste en acortar el tiempo que los concesionarios tienen para transmitir anuncios electorales a partir de la entrega de los materiales promocionales. Anteriormente cinco días hábiles, ahora con las modificaciones dispondrán de tres días hábiles cuando les sean enviados por vía electrónica y dos cuando les sean entregados en su domicilio legal.

Además, las modificaciones contienen un criterio de equidad histórico para las radios comunitarias, a las que define como "Medios comunitarios o permisionarios privados operados por asociaciones civiles sin fines de lucro, que no cuentan con un techo presupuestal público y que se encuentran imposibilitados para obtener ingresos por transmisiones de anuncios comerciales".

A pesar de que el IFE flexibilizó su criterio inicial, que buscaba acortar los tiempos a 24 horas, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) ha emprendido una embustera campaña a través de la mayoría de sus asociados que, indebidamente desde el punto de vista ético y jurídico, utilizan las estaciones concesionadas por el Estado para la defensa de sus intereses particulares.

Esta forma de actuar no sorprende, confirma que sobre todo las televisoras se encuentran empeñadas en chantajear a la clase política para regresar al modelo de comunicación electoral que les redituaba millonarias ganancias; por ello su enfado pervive y se han valido de todas las herramientas que tienen a la mano para amedrentar, chantajear e intimidar.

He escrito en ocasiones anteriores que durante las campañas de 2006 se registró un gasto de 2 mil 967 millones 80 mil 570 pesos de los partidos políticos para contrataciones en radio y televisión, sin contar el financiamiento privado. Este dinero se canalizaba directamente a las arcas de los medios y, aunque lo nieguen, esta cifra es representativa, pues cuenta 100 millones de pesos más que las ganancias de Televisa en el mundial de Sudáfrica.

Estamos viviendo las consecuencias de haberle cedido a las televisoras parte del poder del Estado, como lo ha hecho el Poder Legislativo cuando crea leyes o desiste en su creación al contentillo de la televisión, como lo ha hecho el Poder Ejecutivo al poner en marcha licitaciones a modo y exenciones fiscales con dedicatoria; es el auténtico debilitamiento del sistema político mexicano.

La CIRT se ha inventado varios cuentos, que el IFE actúa al margen de la ley y que pretende desestabilizar el proceso electoral de 2012, que se actúa sin previo conocimiento técnico; nada más falso, el IFE actúa en función de las atribuciones que se le dan a su Consejo General a través del artículo 118 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, el Instituto ha declarado en forma oficial que los cambios se realizaron "con el conocimiento de los planes comerciales de la radio y la televisión mexicana para modificar su programación (...) La nueva reglamentación no pretende afectar intereses públicos ni privados; por el contrario, está orientada a dar mayor dinamismo al modelo de comunicación política (...) para beneficio de una ciudadanía mejor informada".

El doctor Raúl Trejo Delarbre en su artículo Televisoras: la impolítica de la extorsión ha desenmascarado la mentirosa actuación de la CIRT recordando cómo en la elección de 2006 el viernes 7 de abril se transmitió un promocional en donde la escritora Elena Poniatowska hablaba sobre el candidato presidencial del PRD y en menos de 48 horas, el domingo 9 de abril, las televisoras ya transmitían la respuesta del Partido Acción Nacional. En aquel entonces sí se podía, entre otras cosas porque los partidos tenían que pagar por ello; ahora dicen que no se puede porque, como se usan de manera exclusiva los tiempos de Estado y está prohibida la contratación comercial, quieren volver inútil esta disposición. A sus estrictas motivaciones económicas han colocado pretextos técnicos, por cierto falsos.

La Cámara ha interpuesto ante el TEPJF alrededor de un millar de impugnaciones, pues se dicen "no obligados a cumplir lo imposible", y en una oportuna y contundente respuesta la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), ahora bajo el liderazgo de Aleida Calleja, ha emitido un documento que "exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que resuelva conforme a derecho las impugnaciones a los reglamentos sin ceder a las presiones del poder mediático y a que valide las reglas expedidas por el IFE para garantizar una contienda electoral equitativa y democrática". Por supuesto que hago mío ese exhorto.