Indebidamente tomaron parte como defensores de Angélica Araujo en la solicitud de juicio político

Asociaciones civiles analizan los caminos legales a seguir luego de la resolución de amparos pendientes

Integrantes de nueve agrupaciones de la sociedad civil dieron a conocer que procederán jurídicamente contra los diputados estatales del PRI Victor Caballero Durán, Omar Corzo Olán, Martha Góngora Sánchez, Carlos Pavón Flores y Adolfo Calderón Sabido debido a que faltando a su labor de legisladores al fungir como abogados defensores de la alcaldesa Angélica Araujo Lara en la demanda de juicio político, hecha por estas instituciones por la agresión a ciudadanos el 4 de julio pasado.

En rueda de prensa, el Dr. Alfonso Peniche Manzano, hermano del secuestrado Dr. Delio Peniche Manzano y presidente de Red Contra la Violencia y la Difamación, señaló que el dictamen de los diputados del PRI en el que desestimaron la solicitud de juicio político es incongruente, contradictorio, tramposo y violatorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos porque usurpa las funciones de la Comisión Instructora, ya que a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, a la que pertenecen los priistas mencionados, no le correspondía hacer ningún análisis de fondo del caso. Su labor era únicamente corroborar si cumplían con los tres supuestos del artículo 12 de la citada ley, los cuales fueron cumplidos a cabalidad.

Dr. Alfonso Peniche Manzano de la Red contra la Violencia y la Difamación.

—No emitirieron un dictamen imparcial y objetivo porque se dedicaron a esgrimir argumentos que son propios de una contestación de demanda, papel que le tocaba a la indiciada Angélica Araujo, una vez iniciado el procedimiento que abortaron los mencionados legisladores.

Agregó que los diputados también se dedicaron en detalle a contestar pruebas como si fueran la misma indiciada cómo, por ejemplo, pruebas y documentos que no están en la denuncia ni en el expediente ni tampoco están publicados en un medio local.

Al respecto, mencionó el convenio de la Policía Municipal con la Estatal que dicen determina la jurisdicción de la primera hasta la Avenida Colón; y los docucmentos con los que, se dice, "se cumplieron las normas ambientales".

—¿Quiere decir que los diputados pidieron secretamente información al Ayuntamiento? En todo caso, el informe de la indiciada es parte del procedimiento una vez iniciado este. ¿Se adelantaron para abortar el juicio? ¿Cómo sabían exactamente qué hizo una Dirección del Ayuntamiento? ¿Les proporcionó información SEDUMA (Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente)?

Esto demuestra una grave colusión de lo diputados con las autoridades estatales y municipales. Han deshonrado con su actitud el cargo que les confirió el voto popular.

Yazmín Gaspar Góngora de Red Digital e integrante de Evolución Mexicana muestra la página en la que se boletinó a nivel nacional a los diputados locales del PRI.

Sobre el mismo tema, Patricia McCarthy Caballero del Frente Cívico Familiar dio a conocer que aún están en espera de la resolución de los amparos promovidos para saber cuál es el camino a seguir en contra de los cinco legisladores del PRI por tomar atribuciones que no les corresponden para abortar la demanda de juicio político contra Angélica Araujo.

—Es gente que no tiene palabra. A la Sra. Adelaida Salas Salazar y a mí, Víctor Caballero Durán, nos prometió que podríamos estar en la reunión sobre la dictaminación del juicio político, pero no cumplió. Ese día ya contábamos hasta con los pases de visitantes, pero no nos dejaron pasar. De "caballero" solo tiene el apellido, comentó Yazmín Gaspar Góngora, de Red Digital, quiín, además, dio a conocer que ya se boletinaron a nivel nacional los cinco diputados del PRI que entramparon el dictamen del juicio político y a la gobernadora en la página Evolución Mexicana, de la cual forma parte.

José Vicente Soria Rojas del Frente Cívico Familiar manifestó que en cuanto a los señalamientos de los diputados priistas —de que son pocas las personas que solicitaron el juicio político en contra de Angélica Araujo— es una mentira; son 4,000 ciudadanos los que avalan con su firma ese proceso. Sin embargo, el documento solo permite la firma de unos cuantos denunciantes.

Al respecto, Guillermo Vela Román del Frente Cívico Familiar dijo que el argumento de los diputados priistas —de que se necesitan miles de ciudadanos para solicitar un juicio político contra la alcaldesa— es totalmente tramposo.

Algunos integrantes de las diversas asociaciones civiles que estuvieron en la rueda de prensa.

—La justicia no tiene que ser para miles porque la ley no juzga el número de afectados, lo que castiga es el delito. Así que si esperan que llevemos a miles de personas a una instancia jurídica, están mal; con que uno solicite justicia, esta debe darse.

Finalmente, la investigadora e integrante de Sociedad en Movimiento, Gina Villagómez Valdés, anunció que las movilizaciones ciudadanas, junto con las acciones legales, continuarán. LI.