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Mérida, Yucatán, 18 de noviembre de 2010.- El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local votó favor de las reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado, porque servirán para armonizar ambos ordenamientos con las reformas hechas en el ámbito federal, a iniciativa del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Al intervenir en representación del Grupo Parlamentario en la sesión de hoy en la que se aprobaron, con dispensa de trámites, las modificaciones, la Dip. Lízbeth Medina Rodríguez señaló Yucatán empieza a estar a la vanguardia en la transición para que las leyes estatales de la materia sean acordes con las reformas a la Constitución federal.
—Con esto se materializa en Yucatán el principio de presunción de inocencia, rediseño de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia penal —indicó. Esto conlleva a la supresión en el catálogo de delitos graves de ciertas conductas que no afectan de manera importante a la sociedad, y el establecimiento de sanciones alternativas a la pena privativa de libertad, en plena observancia al principio de presunción de inocencia.
—De igual manera —continuó— la incorporación paulatina de figuras procesales novedosas empleadas en los sistemas de corte acusatorio, como el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso, permitirían finalizar de manera anticipada el proceso penal.
Dijo que las reformas en el ámbito federal y que se reflejan en los códigos locales antes mencionados "marcan un parteaguas en la administración e impartición de justicia penal" ya que, entre otras cosas, los cambios abarcan desde la etapa de investigación de los delitos, que corresponde en la actualidad de forma exclusiva al Ministerio Público auxiliado de la policía judicial, hasta la sustitución del sistema inquisitorial por el acusatorio, que se vería reflejado en la oralidad en los juicios penales.
—Es evidente que el sistema de justicia penal mexicano ha dejado de ser eficaz, por lo que es vital devolver a la ciudadanía la confianza en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia —subrayó. Esta reforma pretende implantar un sistema acusatorio, respetando sus fundamentales principios y características, y adaptado al mismo tiempo a las necesidades inminentes de nuestro país de combatir eficientemente los altos índices de delincuencia que aquejan a la ciudadanía y a la naturaleza de nuestras instituciones, permitiendo con ello su consolidación de manera gradual a la cultura y tradición jurídica mexicana.
Precisó que uno de los objetivos de las reformas es quitarle al Ministerio Público el protagonismo del que goza en el "mini juicio" que realiza dentro de la averiguación previa, pues adquiere gran peso dentro del proceso, lo que ha propiciado que en los juicios se acostumbre reproducir casi íntegramente los elementos probatorios, la mayoría de las veces mal investigados y, por consiguiente, deficientemente integrados,
—Además —continuó— el hecho de que las diligencias generalmente se consignan por escrito, se ha traducido, en la mayoría de los casos, en opacidad, toda vez que el juez no está presente en la mayoría de las audiencias, pues delega frecuentemente sus funciones a los auxiliares del juzgado a su cargo.
Otro objetivo es disminuir el número de personas en los penales, las cuales según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C., el 80% de los imputados nunca habló con el juez en el proceso y el 82% de los procesados lo está por delitos patrimoniales por montos menores a 5 mil pesos. Boletín del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado.