La CODHEY, aliado de la violaciones en las escuelas públicas

La dependencia no investiga, no asesora bien a los padres de familia y además los presiona para que desistan de sus denuncias, señala la presidenta de la AEPAF.

Todos los días se violan los derechos humanos de los niños y sus padres y las autoridades estatales no sancionan a los culpables. Gracias a esa impunidad siguen las denuncias porque ni siquiera el supuesto organismo autónomo como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) pone un alto a estas violaciones; así continuarán porque nunca habrá sanción, denunció la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán A.C (AEPAF), Paula Lira Moguel.

Agregó que las violaciones de los derechos de los alumnos en las escuelas públicas —como el pago obligatorio de las aportaciones "voluntarias" (?) en fechas de inscripciones para condicionar las inscripciones o durante del curso escolar— se siguen dando porque los directores saben que pueden actuar con total impunidad porque nunca se les sancionará.

Destacó que son los mismos directivos de las escuelas y los maestros quienes descaradamente se burlan de los padres de familia, diciéndoles que "los acusen con las autoridades que quieran, hasta con la CODHEY, porque a fin de cuentas nadie los sanciona".

Dio a conocer que esta certeza de actuar con impunidad se debe a que la CODHEY —supuesto organismo autónomo a favor de los ciudadanos— se tarda hasta 2 años en dar una recomendación ante una denuncia de violación de derechos de los alumnos en las escuelas públicas. El plazo impuesto por la dependencia es de 9 meses.

—Los padres de familia sólo se desgastan haciendo las denuncias ante la CODHEY; la dependencia ni siquiera investiga. Lo único que le interesa es dar carpetazo a las demandas en contra de las escuelas públicas.

Paula Lira Moguel, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán A.C (AEPAF) con una de las recomendaciones de la CODHEY, que tardó más de 1 año en emitirse. El caso continúa aún sin arreglo.

Explicó que una vez que la CODHEY recibe la denuncia de los padres debe investigar con la SEGEY. Tiene 10 días para hacerlo; si en ese lapso la SEGEY no da información, se le da un recordatorio y si aún así incumple, se le avisa que ha pasado el tiempo y aún no ha pasado la información que les corresponde. Simultáneamente, la CODHEY debe asesorar a la víctima para que informe a la Contraloría del Gobierno del Estado de la denuncia para que la dependencia tenga conocimiento del caso en tiempo y no prescriba. La SEGEY también debe notificar a la Contraloría sobre la denuncia recibida, cosa que no hace.

—La realidad es que CODHEY no presiona a la SEGEY para que cumpla y mucho menos asesora al padre para que informe a la Contraloría. Cuando el padre de familia, asesorado por la AEPAF, va a poner su queja a la Contraloría le salen con que no se le pueden recibir porque no está redactada como lo hace la CODHEY. ¡Los padres no somos abogados en derecho! No tenemos por qué saber sobre términos legales; especialmente cuando estamos haciendo el trabajo que las autoridades no quieren hacer. Si a eso se agrega el tiempo que tarda la CODHEY en hacer sus famosas recomendaciones, la Contraloría siempre termina diciendo: No podemos hacer nada, el tiempo para hacerlo expiró.

Agregó que hay muchas denuncias contra autoridades educativas que han quedado impunes porque cuando se logra obtener recomendaciones de la CODHEY, esta no vigila que se cumplan. Además, cuando hay incumplimiento de alguna autoridad, la CODHEY también ignora su propio reglamento, ya que no publica en el Diario Oficial del Estado y en el medio de comunicación de mayor circulación. Es muy claro que esa dependencia esta a favor de las autoridades y no de los ciudadanos.

—Estamos indefensos ante las autoridades de gobierno y hasta de las autónomas. No pasa nada.

La Sra. Lira Moguel señaló que la CODHEY tampoco ha querido responder a sus peticiones de información sobre el número de quejas contra la SEGEY. Por ello únicamente está al tanto de los casos que le reportan directamente a la asociación.

Dijo que los casos más recientes de carpetazos de la CODHEY —que la dependencia logró induciendo a los padres a retirar las demandas— son el de la Primaria "18 de Marzo" de Chochó, municipio de Tixpehual; la Primaria "Libia Méndoza Santana" de la Amalia Solórzano —en el que las graves violaciones de la Directora Margarita Echeverría Echeverría incluían golpes a alumnos— y la Secundaria "Gonzalo López Manzanero" del Centro.

Mencionó que en el caso de la primaria "Libia Mendoza" —a la cual le dieron carpetazo hace dos meses— presentó un nuevo problema durante las inscripciones, ya que a una de las madres que denunciaron anteriormente a la directora no le querían inscribir a su hijo. A duras penas la CODHEY fue al plantel y el visitador pretendió que la madre de familia se desistiera de la denuncia porque la escuela terminó aceptando al menor. La señora no aceptó la propuesta de la CODHEY.

—Por situaciones como esta, mucha gente se pregunta para qué denunciar si no se aplica la ley. Las autoridades también se escudan para no investigar y sancionar a los culpables de estas violaciones a los derechos de los niños y sus padres; se escudan argumentando que si un padre es el quejoso, no tiene caso, ya que todos los demás están de acuerdo con el funcionamiento de la escuela. La verdad es que aunque se trate de un solo padre, las autoridades tienen la obligación de investigar.

A pregunta expresa respondió que desde hace casi nueve meses está en espera de una cita con el titular de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado; este no le contesta los oficios para otorgarle una fecha y cuando, en una ocasión, se lo encontró en las oficinas de la dependencia, le respondió de manera prepotente que "no la había atendido porque no tenía tiempo y que tampoco sabía para cuándo darle cita porque tenía mucho trabajo".

Destacó que la Unidad de Acceso a la Información Pública del gobierno del Estado (UNAIPE) también evita que los padres de familia realicen denuncias, ya que cuando se le solicita información de las escuelas públicas, la niega, aunque sea derecho de los padres.

Citó, como ejemplo, que las actas constitutivas de las mesas directivas de padres de familias no son entregadas a estos, a fin de que los directores las manipulen; cuando los padres solicitan ese documento para algún trámite —como una denuncia— la escuela se los niega. El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP) tampoco es de mucha utilidad porque tarda 6 meses en entregar el documento y cuando lo da es solo una copia, por la cual el padre de familia tiene que pagar.

—Lo que vivimos es una gran simulación, una burla por parte de las autoridades estatales y de la CODHEY. Que no se crean los padres el cuento de que todas las mejoras que se hacen a algunas escuelas y que los útiles escolares que se dan a algunas familias provienen del gobierno. La verdad es que quienes terminamos pagando somos los padres porque en las escuelas públicas te exigen de todo, disfrazándolo de aportación "voluntaria", como inscripción, exámenes, certificados, constancias —todo eso, que son documentos administrativos que deben ser gratuitos— además de mantenimiento, limpieza y hasta material para construir.

Finalmente, pidió a los padres que se informen para que no permitan violaciones a los derechos de sus hijos, ya que las escuelas no deben condicionar la educación.

Si los padres sacaran cuentas de todo lo que gastan durante el año en la escuela pública, verían que les sale más caro mandar a sus hijos ahí que a una particular —además de los malos tratos y discriminación que sufren los niños. Por eso, insisto en que se informen para que no se dejen pisotear en sus derechos. L.I.