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El peligro de la información sesgada es que la percepción de la gente en general cambie al grado de surgir lo que podríamos llamar "esquizofrenia social".
En México hoy estamos sufriendo lo que puede ser llamado con esos términos en forma exacta: esquizofrenia social. Si el esquizoide ve una realidad diferente de la que tangiblemente existe, la sociedad mexicana está viendo un México que no existe, sino en la mente del transformado por la información tergiversada que recibe todos los días.
¿En qué país del mundo pudo haberse dado una situación tal que llegara al grado del sentimiento colectivo de que es mejor transar con los criminales que combatirlos? ¡México es el lugar!
55% de los mexicanos, en una encuesta hecha con métodos confiables, declara que el gobierno "debe detener" su lucha contra la criminalidad organizada y "negociar" con ellos, o sea, "transar". 46%, en esa misma encuesta, declara que el culpable de la violencia es el gobierno.
El sentimiento generalizado de la gente está respondiendo a la lógica de lo que los medios han hecho. Es la forma en que han dado las notas lo que está generando esa "opinión pública". La opinión medida es el resultado de un arrinconamiento del ciudadano. Se ha logrado provocar una sociedad con un sentimiento de vencimiento.
Ese sentimiento de derrota habrá sido el mayor logro de los adversarios políticos del presidente y su partido. Es un logro muy extraño: haber transformado a la sociedad hasta el grado de que ésta ha cambiado radicalmente su jerarquía de valores: es preferible ser criminal que combatiente de los criminales.
La violencia que se desencadena en una acción policíaca al perseguir criminales, es culpa del bando que busca aplicar la ley, en tanto que el bando que viola la ley merece negociación.
Estos acontecimientos colectivos sólo pueden darse en un país de fantasía, en el que la realidad se ha convertido en lo fantasioso, y la fantasía política —deseada y conveniente por la oposición— se ha convertido en la realidad.
Desde el día 1, cuando Calderón declara la urgente necesidad de combatir a los delincuentes sin tregua, los adversarios políticos comienzan a lanzar lo que, progresivamente, los "comunicadores" —haciendo el papel exacto de tontos útiles— adoptan como "su bandera", destruyendo, en esa forma, toda esperanza de tener a una ciudadanía objetivamente informada.
Los informes inexactos —a veces también culpa de los agentes del gobierno— aunados a la terminología usada para describir los sucesos acaecidos persiguiendo a los criminales, son situaciones que han logrado lo que principalmente es conveniente para la oposición.
No hace mucho un personaje fuertemente vinculado a la oposición declaró que "cuando ellos sean gobierno" desde luego, "se continuaría la lucha contra el crimen". En ese momento las encuestas mostraban otra tendencia: no se había llegado a 55% de oposición al combate. Es muy factible que de un momento a otro oigamos, por parte de la oposición, la intención de conseguir términos adecuados con los criminales para detener la violencia.
Hoy sabemos que Vicente Fox no hizo de una bandera importante en su gobierno el combate frontal a los criminales organizados en torno a los procesos principalmente de distribución de las llamadas "drogas". También sabemos que Fox estaba convencido de que el proceso de producción y distribución de las drogas debió haberse legislado, en vez de que esté totalmente prohibido.
Sabemos también que casi 85% de las acciones de combate están dirigidas a grupos relacionados con la producción y/o distribución de la yerba llamada "marihuana". Sabemos, también, que esta yerba no tiene, a lo largo de años de investigar asuntos relacionados con las drogas, muertes registradas causadas por el uso de la misma. En cambio tiene importantes valores medicinales y de otros tipos.
¿Puede México, dentro de su soberanía, proceder a legislar en torno a los procesos de producción y distribución de la marihuana? ¿Puede hacerlo sin convertirse en "tierra prohibida" para los visitantes de los Estados Unidos, Canadá o Europa? Es un asunto complejo, discutible. Es, en opinión de mucha gente, lo que debería buscarse.
El asunto es que legislar sobre una sustancia que antes estuvo prohibida no debe implicar perdón generalizado a favor de los crímenes cometidos —asesinatos, violaciones, extorsiones, secuestros y similares— buscando formas de lograr llegar a ese mercado de usuarios que se arriesgan a usarla.
La realidad es que sí urge una solución. En los Estados Unidos sólo 42% de la marihuana que se consume es originaria de México. Más de la mitad es producida allí mismo, en sótanos y lugares escondidos, siguiendo procedimientos cuidadosos para elevar la calidad de la yerba. Es un hecho que, con todo y las acciones policíacas constantes persiguiendo productores y distribuidores, lo mismo que usuarios, en ese país, el nivel de perfeccionamiento de su producción sólo ha mejorado.
¿Y las demás "drogas"? Cada una requiere un análisis por separado. Lo cierto al caso es que son muy diferentes en su uso, consecuencias, producción y demás a la marihuana. Requerirán tratos diferentes, legislaciones especiales para cada caso.
Hace más de 2 años que en México es legal (tolerado) el portar hasta 5 gramos de prácticamente cualquiera de las sustancias "prohibidas". Quien porta 5 gramos o menos, puede ser catalogado como un usuario. Queda sujeto a tratamientos especiales, pero no entra al ámbito de delincuencia.
El combate al crimen organizado —o desorganizado— no es opcional y jamás debería habérsele planteado al público mexicano en esos términos. La lucha que ha emprendido el gobierno federal es perfectamente válida: no hay un solo país que no la considere una acción positiva, digna de elogios, reconocimiento y apoyo. El trecho por recorrer es aún muy largo.
Finalmente debemos, los mexicanos, estar conscientes de un gran detalle: lo que queda hoy, 2011, es el montón de elementos que habrían conformado a los grupos de choque o sicarios al servicios de los capos. Éstos han sido desactivados, desarticulados. Quedan sueltos los individuos armados más peligrosos; los que, en último caso, son inicialmente producto de la corrupción mexicana generada durante el siglo 20 —el ala corrupta del ejército mexicano, gente expulsada de ese instituto armado durante el sexenio de Vicente Fox, evidentemente, en aras de elevar la calidad de las fuerzas armadas del país mexicano.
¿Por qué están los mexicanos tan confundidos con respecto a la manera de ver el combate al crimen organizado que el gobierno de Felipe Calderón está realizando?
El 11 de enero Milenio Noticias (TV) anunció que el Gabinete de Comunicación Estratégica había aplicado una encuesta y, los resultados indicaron que 55% de los mexicanos consideran que conviene más bajar la violencia deteniendo la lucha.
Peor aún, 46% considera que la violencia ¡es generada por el gobierno! Es decir, piensan y lo expresan que, la acción de combatir a los delincuentes pone al gobierno en culpa de las muertes que se están dando.
La realidad es que 89% de las muertes —las que se mencionan, esas 34,000 aceptadas oficialmente— son criminales que se enfrentan entre sí para pedirse cuentas, reclamarse o dejar sentado "quién manda". El resto, casi en su totalidad, también se trata de capos o sicarios que caen en sus enfrentamientos con el Ejército, la Armada o cuerpos policíacos federales, estatales o municipales.
En pocas palabras, los resultados que vemos son los que habríamos de esperar dada la dimensión del mal que se intenta combatir. Consideramos que no se trata de un asunto con el que pueda "jugarse a la política". Consideramos que los medios masivos de información —electrónicos e impresos— han violado su ética informativa y han dibujado, en forma consistente, notas que en forma abierta o velada le comunican al auditorio o lectores "que la lucha del gobierno convierte al gobierno en culpable de derramamiento de sangre y asesinatos".
El mensaje, numéricamente, es totalmente falso: no es sostenible con las estadísticas. Es preocupante que una tergiversación de la realidad de este nivel se esté dando. Es hora de despertar y sacudirnos el borreguismo, exigiendo a quienes prostituyen la realidad que actúen responsablemente.