A partir del próximo 2 de septiembre, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), órgano desconcentrado de la PGR, se encargará de ejecutar la autorización judicial de intervención de comunicaciones privadas y las necesarias para gestionar las solicitudes de información a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y las comercializadoras de servicios. Lo anterior de acuerdo con el decreto publicado esta misma semana en el Diario Oficial de la Federación por la propia Procuraduría General de la República.

De esta manera, la infraestructura humana, operativa, informática y de sistemas que opera la Unidad de Análisis y Control de Información Ministerial Estratégica de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada será transferida al Cenapi, excepto el Cuerpo Técnico de Control, que lleva a cabo la intervención de comunicaciones tratándose de delincuencia organizada.

El Cenapi deberá informar periódicamente al agente del Ministerio Público de la Federación sobre los resultados de la intervención, y le transmitirá las transcripciones, así como los medios digitales que contengan los datos, sonidos e imágenes captadas durante la intervención. Todo ello para efectos de la averiguación previa, con excepción de los casos de delincuencia organizada que —como ya se dijo— serán responsabilidad del Cuerpo Técnico de Control.