México, D.F. 25 de mayo de 2010.- El Partido Acción Nacional (PAN) denunció una etapa más de acoso e intromisión de la gobernadora Ivonne Ortega en el proceso electoral y en la etapa pos-electoral en Yucatán. César Nava Vázquez, presidente nacional del PAN, sostuvo que la gobernadora de Yucatán ha pasado del fraude electoral a la tortura física, hechos que se tienen documentados y acreditados, en contra de dos miembros del partido.

Acción Nacional exige a Ivonne Ortega que ambos ciudadanos mexicanos sean liberados y presentados de inmediato ante la opinión pública.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional informó que se interpondrá una demanda para revertir la elección en el estado ya que existen los elementos necesarios para hacerlo.

A continuación las palabras del presidente nacional del PAN, César Nava Vázquez:

CESAR NAVA (CN): Muy buenas tardes.

Les agradecemos mucho su presencia este mediodía.

Me acompaña nuestro secretario General, el senador González Morfín; así como el senador Hugo Laviada, con motivo del tema que abordaremos enseguida. El senador por Yucatán, Hugo Laviada, compañero nuestro.

Acudimos este mediodía ante ustedes, ante la opinión pública, y ante la comunidad del estado de Yucatán, ante los yucatecos, para denunciar una etapa más en el acoso y la intromisión de la gobernadora Ivonne Ortega en el proceso electoral en Yucatán y en esta etapa pos-electoral, dando ahora un paso más en su escalada de actos ilegales.

Tan pronto anoche tuvimos la verificación de estos hechos fue que les invitamos a esta rueda de prensa y hemos podido ya documentar debidamente los hechos que enseguida compartiremos con ustedes:

La gobernadora de Yucatán ha pasado del fraude electoral a la tortura. Tenemos acreditados hechos de tortura en contra de dos miembros de Acción Nacional que fueron injustamente detenidos y que fueron sometidos a arraigo.

Se trata de Hugo Caballero Rodríguez y Michel Caballero Rodríguez, militantes panistas del Distrito Federal.

Ambos fueron detenidos el pasado 8 de mayo, sábado 8 de mayo, junto con otras cinco personas y se les presentó inicialmente como supuestos responsables de la golpiza que ordenó Ivonne Ortega contra el diputado Ismael Peraza, que recordarán ustedes fue salvajemente golpeado y fracturado de un brazo por el sólo hecho de atreverse a disentir el público con la gobernadora.

Pues bien, por estos hechos fueron presentados inicialmente estas siete personas; sin embargo, el propio agredido, el diputado Ismael Peraza, negó que estos siete ciudadanos fueran quienes le hubieran agredido.

Negó haberlos visto, negó conocerlos y rechazó que se tratara de las personas que lo golpearon.

De manera tal que la gobernadora dio un giro en su explicación y dijo que estas siete personas no habían sido quienes habían golpeado al diputado Ismael Peraza, pero que eran parte de un complot de una confrontación panista para desestabilizar el proceso electoral del pasado 16 de mayo, del cual eran autoras intelectuales dos panistas; una ex diputada Federal de Tamaulipas y una diputada Federal del Distrito Federal.

Ya en este ánimo, la gobernadora ordenó el arraigo por 30 días de estos siete ciudadanos presentados.

Reitero: de estos siete, dos son miembros de Acción Nacional; Hugo Caballero Rodríguez y Michel Caballero Rodríguez.

Hoy día 24 de mayo, cumplen 16 días detenidos sin que se les hayan formulado cargos.

Pues bien, tenemos hoy constancia que durante su detención han sido sujetos de amenazas de muerte y, peor aún, de torturas físicas.

Han sido torturados, han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos con el propósito, suponemos, de obtener una confesión de hechos que no cometieron.

Por eso afirmamos, con toda categoría, con todo carácter absoluto, que tenemos elementos para sostener que la gobernadora pasó de los ilícitos en materia electoral a los ilícitos en materia penal y peor aún cometiendo delitos de lesa humanidad.

Presentamos ante ustedes, y repartiremos una copia de la constancia levantada por la actuaria judicial ante la cual acudieron en amparo ambos ciudadanos mexicanos, en la que textualmente establece la funcionaria.

Dice: 'Se encuentran los aludidos quejosos, y comienza su asiento, que Hugo Caballero Rodríguez presenta lesiones en el brazo izquierdo y en la espalda. Y Michel Caballero Rodríguez presenta lesiones en ambas rodillas observando que este último tiene dificultad para caminar; presentando también, el primero, moretones en ambas piernas.

Seguidamente les doy el uso de la palabra a los directos quejosos para que hagan las manifestaciones que deseen, a lo que manifiestan y ratifican la demanda de amparo a su favor y que fueron detenidos desde el sábado 8 de mayo pasado y han sido golpeados en diversas ocasiones y amenazados de muerte. Doy fe'.

Y viene la firma de la actuaria judicial en el expediente de amparo iniciado con motivo, precisamente, de la demanda presentada por estos dos ciudadanos mexicanos por la detención e incomunicación de la que han sido sujetos.

Sobre esto fue dictada la suspensión, ordenando a las autoridades que de inmediato cesaran los actos de incomunicación que han sido propinados contra estos dos detenidos.

Es el momento que ambos detenidos no han sido presentados.

De manera tal, que en este momento exigimos públicamente a la Gobernadora de Yucatán que de inmediato sean presentados los dos detenidos ante la opinión pública; y decimos de inmediato porque ustedes comprenderán que en la tardanza de su presentación podría hacer presumir la intervención, para evitar que las torturas pudieran ser constatadas por la prensa allá en Yucatán.

De manera tal, que lanzamos esta exigencia pública y exigimos a la Gobernadora la inmediata presentación de estos dos ciudadanos mexicanos detenidos, así como su inmediata liberación.

Han transcurrido ya 16 días desde la detención, sin que se les haya formulado un solo cargo; por el contrario, han sido sujetos de tortura y amenazas.

Para compartir con ustedes algunos detalles adicionales de estos hechos, de esta lamentable y triste historia que coloca a Ivonne Ortega, como lo que es, no solamente represora, sino violadora de derechos humanos; hemos invitado al senador Hugo Laviada, quien en días pasados presentó ya una denuncia ante la Procuraduría General de la República por estos hechos y hoy nos acompaña para ampliar a profundidad los detalles.

Adelante Senador.

HUGO LAVIADA (HL): La secuencia de los hechos es la siguiente:

El día 8 de mayo, estas personas, junto con otro grupo de ciudadanos, detectaron un operativo de vehículos oficiales del Gobierno de Yucatán, repartiendo láminas de cartón en un operativo para compra y coacción del voto.

La policía, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, que comanda Luis Felipe Saiden Ojeda, quien por cierto estuvo sujeto a una investigación por el delitos relacionados contra el narcotráfico, el expediente fue PGR/SIEDO/UEICDCS/329/104 y estuvo prófugo por más de un año de la justicia federal y que, por cierto, tiene un amparo que se resolvió, más bien, de forma y no de fondo.

Esa misma policía detuvo a quienes estaban detectando un operativo para la compra y coacción del voto.

Estas personas son torturadas como consta en esta actuación judicial federal y el día 14 interpusimos una denuncia ante la PGR en base a la ley de Yucatán para la prevención y la sanción de la tortura, por tortura.

Es todavía el día de hoy que no han podido ingresar ni los médicos legistas de la PGR ni tampoco los médicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante quienes ese mismo día, también, el día 14 pusimos una denuncia por tortura.

Posteriormente, la madre de los detenidos, quien ha tenido acceso de ellos, refiere todavía el viernes que las rodillas de estas personas presentan lesiones, incluso hieden, huelen mal por estar infectadas y que sus hijos le han señalado que también sufrieron, a parte de las lesiones, señalan que fueron verificadas por la actuaria, lesiones en los testículos y toques eléctricos en varias partes del cuerpo.

La PGR ha girado varios memoriales para que se les permita entrar con los médicos legistas y estos han sido totalmente ignorados por la autoridad, por la Procuraduría del Estado de Yucatán, que por cierto, es también encabezada por el ex cuñado de la Gobernadora, que fue nombrado secretario, subsecretario general de gobierno de seguridad, posteriormente procurador cuando todavía era cuñado de la gobernadora Ortega. Ésta es la secuencia de los hechos.

Insistimos, ni a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al visitador; ni a los médicos legistas de la PGR se les ha permitido, en ningún momento, poder hacer la revisión y cuando se han apersonado, la madre de los detenidos refiere que han sido, nuevamente, amenazados nuevamente de muerte y de nuevas golpizas en caso de que permitan ser revisados.

Sin embargo, existe una documental pública, que es la del juzgado segundo de Distrito y del actuario que dio fe pública, y tiene este documento el valor de ser de fe pública de las lesiones que presentaban en ese entonces y que son las que el presidente nacional, César Nava, les ha leído. Boletín del Partido Acción Nacional.