No hay mayor sanción para un político,que la sanción de la opinión pública. Esta ya la carga, sin recaersobre él sentencia definitiva de un juez, Gregorio Sánchez Martínez,conocido como "Greg", el candidato a Gobernador de Quintana Roo quepostulan los partidos de izquierda agrupados en el DIA.

Para los ciudadanos en general que hanescuchado o leído la noticia sobre su detención en Cancún, el pasado 25de mayo, es casi un hecho que "Greg" está vinculado con elnarcotráfico. Que el Ministerio Público lo haya declarado en calidad deindiciado (probable responsable), y los medios de comunicación hayanpropagado con tal amplitud la detención, obra como combinación perfectapara que la denominada presunción de inocencia quede derribada, aúncuando auténticamente él pudiera desbaratar los cargos en su contra ymostrar no tener culpabilidad.

Y en este hecho estriba lo delicadodel caso "Greg", pues si para cualquier persona esta conjunción defactores, la coloca con frecuencia en el estigma del rechazo público,para un candidato en una contienda electoral, se le convierte en unhecho demoledor de sus aspiraciones, sobre todo, cuando la hora delsufragio electoral está encima de los ciudadanos. Es más preocupanteel asunto cuando, por diferentes fuentes, se advierte que laacusación se ha formulado con elementos muy endebles, porque se colocasobre la pesquisa judicial la peor interpretación: un instrumento paralibrar a ciertos actores políticos de su oposición política en unaregión de gran interés para las mafias del narcotráfico.

De confirmarse las acusaciones contra"Greg", en el sentido de tener vínculos con el narcotráfico, se habrádado un duro y aleccionador golpe a la relación política ynarcotráfico, en la que se supone metidos a varios personajes de primernivel, incluidos Gobernadores.

Pero de no ser sólidos los cargos deeste caso, y lo que es peor, repetirse la historia de los Alcaldesdetenidos en el Estado de Michoacán a quienes finalmente no se lescomprobaron los presuntos ilícitos, el caso golpearía seriamente algobierno del Presidente Calderón y lastimaría con enormes repercusionesla estrategia en la lucha anti-narco. Es que sacar a un candidatofavorito de una contienda a la Gubernatura, no es cualquier cosa, y esees, el caso de Greg, un personaje al que por diferentes medios y bajodistintas acusaciones se le quería impedir desde hace un año, suparticipación en esa disputa electoral, en la que aún es candidato.

Presidente Municipal de Cancún, en el2008, Gregorio Sánchez, enfrentó desde el principio la persecución delGobernador del Estado, Felix González Canto, que en marzo de ese mismoaño hizo aprobar en el Congreso del Estado una iniciativa de Ley queproponía una reforma al artículo 80 de la Constitución Estatal y losreferentes de la Legislación Electoral Local, en el sentido de aumentarde diez a veinte años, la obligación de residencia para los no nativosde ese Estado que quisieran contender a la Gubernatura del Estado. Lareforma fue declarada como Inconstitucional por la SCJN, y zanjado elobstáculo legal que le quisieron imponer, "Greg", se lanzó a lacontienda apoyado por los partidos de la Revolución Democrática,Partido del Trabajo y Convergencia.

Ese es también el contexto que debierano sólo ocupar a las autoridades, sino preocupar, pues los embates alas coaliciones electorales, vaya o no el PAN en ellas, tienen másenemigos e instrumentos en contra, de lo que nos imaginamos, inclusodentro del gobierno federal. Y no debe descartarse que se trate de unaacción para desestabilizar las alianzas y envenenar el ambiente entrelos coaligados.

Así pareciera ser pues, en menos de unmes se armó el expediente, del 19 de enero, fecha en la que se produjouna denuncia anónima por la vía telefónica, al día 10 de febrero en quese recibió la declaración del testigo con clave confidencial "ORION",uno de los cinco testigos protegidos que declararon, y cuyas versiones– no importa que en ellas haya dichos contradictorios y descripcionesinverosímiles -, fueron la base para solicitar la detención por partede la PGR, así como un reporte de la unidad de inteligencia financierade la SHCP sobre los ingresos obtenidos por éste de 2002 al 2008 en suscuentas bancarias y de las transferencias realizadas.

Siendo uno de los legisladores que enel Congreso federal he sostenido una y otra vez la necesidad de blindarlas campañas y de atacar decididamente la impunidad de la política enel tema del narco; también me preocupa que el ministerio público puedaactuar sólo con base en el dicho de testigos protegidos. Y sin duda,lo que más siembra la duda y la sospecha sobre el carácter político dela acción penal, es el manejo del ministerio público en acudir a dosjueces distintos para conseguir la orden de aprehensión. Algo no sóloinédito, sino escandaloso.

No se podría considerar ilegal estaforma de conseguir la detención, si no es porque al segundo juez se leocultó en el expediente de la averiguación previa la negativa delprimero de librar la orden de aprehensión, misma que no se recurriómediante apelación.

Al salir de inmediato a avalar laactuación de la PGR en el caso "Greg", el Presidente Calderón reconocecomo suya la acción penal persecutoria, pero es muy probable que ademásde información equivocada, le hayan mentido en algunos detalles, yahora hasta se estén magnificando otros para justificar la detención.Lo mejor, por el bien de todos, es que este proceso se conduzca con unrigor procedimental y legal a toda prueba. De lo contrario lapresunción se convertirá en hecho indubitable en el proceso electoralde Quintana Roo. Es complejo, espinoso, el caso; la fórmula inequívocaes la ley. Otro tratamiento, sin mayores pruebas, sería autodestructivo.