Mérida, Yucatán, 29 de julio de 2010.- "La compra de tierras a ejidatarios de Ucú no sólo es un caso de ilegalidad sino una clara muestra de prepotencia, ya que se concluyó el proceso a pesar de que se ha confirmado que existen irregularidades en la transacción", manifestó la Dip. Magaly Cruz Nucamendi en su intervención en tribuna durante la sesión del Congreso. En una tercera intervención en tribuna de los diputados sobre el tema, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN señaló que no puede haber "compra perfecta" cuando existe una irregularidad, debido a que no se puede comprar lo que no se puede poseer.

La legisladora panista se refirió a la intervención previa del Dip. priísta Carlos Pavón Flores quien señaló que en esa transacción se realizó la "compra perfecta" y comparó este caso con la adquisición en la administración estatal anterior de las tierras para levantar Ciudad Caucel y las de Hunucmá para trasladar allí el aeropuerto meridano, el cual no se concretó por la oposición de los legisladores priístas de aquel entonces.

—Por todas las denuncias que se han hecho, sabemos que las tierras de Ucu están en una situación irregular porque son tierras forestales —recalcó la Dip. Cruz Nucamendi. El mismo Ejecutivo estatal ha admitido que no posee las tierras, pero ayer se consumó el delito de peculado al hacer un pago más a los ejidatarios de Ucú.

Comparar este caso con el de Hunucmá por las tierras adquiridas para el frustrado aeropuerto, y las tierras de Caucel para el fraccionamiento Ciudad Caucel, es un distractor, método que siempre utilizan el Ejecutivo estatal y todos los que no quieren que el pueblo no sepa lo que está pasando, dijo.

El tema de la compra de tierras de Ucu fue abordado en primera instancia en tribuna por el Dip. Renán Barrera Concha, quien recordó que ayer se confirmó lo que los diputados de Acción Nacional han denunciado reiteradamente.

—Veo con mucha preocupación que una vez más el Ejecutivo del Estado, pasando por alto de la ley, pagó $11.7 millones que debía a los ejidatarios de Ucú por unas tierras de las que no tiene los títulos de propiedad —manifestó. La Legislatura anterior autorizó al Ejecutivo estatal a poner sus participaciones federales en garantía de un crédito de $360 millones para la adquisición de alrededor de 3,012 hectáreas de Ucú.

Recordó que se denunció ante el Ministerio Público local el delito de peculado en que ha incurrido por este caso la titular del Ejecutivo del Estado.

—Desde esta tribuna exigimos a las autoridades investigadoras y de procuración de justicia, que cumplan con la responsabilidad que tienen de perseguir a quien viole las leyes, sea quien sea, desde el funcionario de nivel más bajo hasta el más alto porque nadie puede estar por encima de la ley —subrayó. En este caso se está cometiendo un delito o acciones en contra de la ley.

—Nos preguntamos qué intereses pueden haber detrás de este asunto, a sabiendas de que los propios ejidatarios han reconocido que no cuentan con los títulos de propiedad:¿Por qué se consumo la compra de estas tierras? ¿Hubo o no la intervención de intermediarios? ¿Qué han hecho las autoridades ministeriales con la denuncia que hasta hoy obra en la Procuraduría? ¿Ha recibido carpetazo o línea para que detener las investigaciones? ¿Dónde están los documentos comprobatorios de los pagos que ha hecho la Secretaría General de Gobierno desde 2008 hasta el pago de ayer? ¿Dónde están los recibos, los contratos, los convenios y demás documentos que le den sustento a esta operación? Boletín del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado.