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Martha Montero, conocida activista indicó que con motivo de la celebración del Día del Juzgador, cuyo tema principal es la ética judicial en los impartidores de justicia, los integrantes de diversas asociaciones decidieron hacer del conocimiento de los asistentes, la triste realidad del poder judicial en Yucatán, donde los hechos revelan, más allá de discursos y de adopción de códigos de ética, que los ciudadanos y ciudadanas de este estado se encuentran en un estado de indefensión.
Martha Montero: La reunión de diversos magistrados y jueces en esta ciudad, con motivo del día del juzgador, es una excelente oportunidad para dar a conocer que nuestra sociedad se encuentra indefensa ante los abusos de las autoridades
Agregó que les preocupan también, las actitudes y comportamientos de juzgadores que utilizan su cargo para obtener beneficios personales y para ello, presentan algunos ejemplos, conscientes de que narrar todos los casos en los que no se ha hecho justicia a las víctimas en nuestro estado, sería prácticamente imposible.
Los casos que hicieron del conocimiento de los asistentes a la reunión son:
El pasado mes de diciembre de 2011, la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega protagonizó un escándalo en una tienda de muebles de una plaza comercial ubicada en esta ciudad de Mérida, debido a un retraso en la entrega de una sala y un centro de entretenimiento que había comprado en diciembre; con prepotencia y abuso de autoridad, mantuvo secuestrada tres horas la mueblería, impidiendo la entrada y salida a clientes y empleados valiéndose para ello de un comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado y elementos que se apostaron en las puertas del negocio.
El pasado 4 de julio de 2011 un grupo de ciudadanos que se manifestaban de manera pacífica en contra de la destrucción de la glorieta del Paseo Montejo, fueron reprimidos violentamente por empleados del Ayuntamiento de Mérida y porros contratados para tal fin por la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara (ahora candidata a senadora plurinominal) con el apoyo de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, quien ningún momento prestó el auxilio de la fuerzas de seguridad y a la fecha, ninguna de las más de 20 denuncias presentadas por ciudadanos y ciudadanas lesionados ese día, ha procedido.
A mediados del mes de enero de este año, un comando de policías estatales asesinaron por la espalda al empresario constructor Osvaldo Cervera Peraza en la carretera Chixchulub Puerto.
La Fiscalía estatal sólo consignó como detenido a uno de los nueve elementos de la policía estatal que participaron en los hechos, como probable responsable del delito de homicidio calificado, pero la juez cuarto de lo penal del primer departamento judicial del estado, Fabiola Rodríguez Zurita, al momento de resolver la situación jurídica del inculpado, decidió reclasificar la conducta del probable responsable de homicidio simple, a exceso en el cumplimiento de su deber, lo cual le permitió al imputado obtener su libertad bajo el pago de una caución de $190,000.00.
La madrugada del 16 de septiembre de 2009, Germán Ortega Hernández atacó con un cuchillo a su novia Grettel Rodríguez Almeida, por lo que fue detenido y consignado al Juzgado Segundo Penal acusado por el Ministerio Público de tentativa de homicidio.
La Jueza Ileana Domínguez Zapata reclasificó el delito a lesiones calificadas, lo que provocó que la condena no excediera los tres años de prisión.
Mencionó que lo más grave de todo esto, es que en su actuación, el poder judicial en Yucatán ha mostrado total falta de independencia con respecto al ejecutivo. Añadió que saben que junto con la imparcialidad, la independencia es uno de los postulados básicos de la ética judicial y en Yucatán los poderes Legislativo y Judicial actúan bajo las órdenes de la gobernador Ivonne Ortega Pacheco y por ello la impunidad reina en el estado.
Esperó que los asistentes a la reunión tengan éxito en los trabajos que llevarán a cabo en nuestra ciudad, pero agregó que es en los hechos, al juzgar cada caso que llega a sus manos, donde pasarán o reprobarán el código de ética.
Reiteró que los integrantes de las organizaciones entienden que la tarea principal de los servidores judiciales, es servir a la sociedad a través de la impartición de justicia y que es derecho de los ciudadanos, exigir que cumplan esta misión y denunciar cuando no lo hagan.
Ratificó que las diversas organizaciones de la sociedad civil eso harán una y otra vez, hasta que logren que los culpables de violar las leyes, ocupen el puesto que ocupen, reciban el castigo que se merecen.
Indicó que ya que con motivo del día del juzgador estarán en Mérida reunidos magistrados y jueces de distintos estados de la república e incluso de Canadá, abordando el tema de la ética judicial, es una excelente oportunidad para mostrarles estos casos que denotan la falta de aplicación de los principios más básicos del derecho.
Finalizó señalando que los ciudadanos que no quieren que se siga deteriorando el tejido social, por lo que decidieron mostrar unos pocos ejemplos de los muchos casos que se han presentado en nuestra entidad por falta de independencia, de honestidad, de seguimiento a procedimientos y formas, que hacen dudar de la legalidad de la impartición de justicia, que reconocen indispensable para mantener el estado de derecho.