MÉRIDA, Yucatán, 12 de marzo.- Este martes, en el auditorio Silvio Zavala Vallado del Centro Cultural Olimpo, se llevó a cabo el Foro de Análisis del Fenómeno Social del Trabajo Sexual en la Ciudad de Mérida.

El evento, organizado por la Policía Municipal de Mérida (PMM), contó con la participación de ciudadanos, representantes de diversas asociaciones civiles y académicos que dieron su perspectiva sobre la problemática en torno a la prostitución, cómo se relaciona con la salud y los derechos humanos, y cómo debe ser abordada.

Mario Arturo Romero Escalante, actual director del cuerpo policíaco municipal, declaró en breve intervención que la tarea fundamental de su corporación es prevenir y combatir las acciones que lesionen a la sociedad acorde con las leyes vigentes, reconociendo que los principios de género deben ser incorporados en la formación de los agentes.

Una ex prostituta y un conservador padre de familia, los dos extremos, crearon tensión y captaron la atención de los asistentes.En el presídium, María Nieves Granados Pérez, coordinadora de Participación Ciudadana del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Salvador Vitelli Macías, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento; el comandante Mario Arturo Romero Escalante, director de la Policía Municipal de Mérida, y el regidor José Elías Lixa Abimerhi.

El funcionario reconoció que es probable que se presenten conductas impropias por sus elementos al lidiar con la prostitución que, dependiendo de sus circunstancias, serían corregidas con capacitación o sanciones.

Finalmente, indicó que si las conclusiones del foro rebasan las capacidades legales de la corporación, éstas serían turnadas al Cabildo y al Congreso del Estado para su análisis y discusión.

Mario Arturo Romero Escalante, director del cuerpo policíaco, afirmó que la tarea fundamental de su corporación es prevenir y combatir las acciones que lesionen a la sociedad, reconociendo que los principios de género deben ser incorporados en la formación de los agentes. El momento más emotivo del foro fue cuando una ex sexoservidora contó su vida frente a Romero Escalante, quien la escuchó atentamente.

El foro fue inaugurado en punto de las 11:30 de la mañana por el regidor panista José Elías Lixa Abimerhi y moderado por Carlos Lorenzo Montero Ávila, Subdirector de Áreas de Apoyo de la PMM.

El moderador destacó que recibieron 18 ponencias, pero que en este primer foro solamente tendrían tiempo para leer 9, aunque todas serán incorporadas a un documento que será turnado a las autoridades correspondientes y estará disponible para el público en general, una vez que haya sido elaborado.

Ricardo Hernández Forcada (CNDH)

El evento comenzó con una conferencia magistral de Ricardo Hernández Forcada, director del programa de VIH/SIDA de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien abordó la temática de la prostitución y cómo se relaciona ésta con el SIDA, los derechos humanos y las leyes y tratados internacionales vigentes.

Hernández indicó que actualmente se usa el término "trabajo sexual" para referirse a la prostitución, procendiendo a dar la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dice que éste constituye toda actividad sexual llevada a cabo por mujeres u hombres, adultos y jóvenes, con el fin de obtener dinero o bienes por el servicio prestado, sea de forma regular u ocasional.

Este término reemplaza a la palabra prostitución, considerada estigmatizante y moralista.

Sin embargo, añadió, nuestras leyes no reconocen esta práctica como trabajo, pero tampoco la consideran un delito.

Lo que sí es un delito, explicó el conferencista, es el lenocinio y la trata de personas, ya que no es lo mismo prostituirse de manera libre que verse obligado a hacerlo.

Indicó que existen en el mundo tres enfoques para lidiar con el trabajo sexual: el abolicionismo, el prohibicionismo y el reglamentarismo.

El abolicionismo consiste en desregular esta práctica y reconocer la libertad para ejercerla, lo cual garantiza que se respeten los derechos de quienes eligen este oficio, que no sean explotados ni extorsionados por los cuerpos policíacos y puedan acudir a las instituciones de salud para prevención y tratamiento. Indicó que el Distrito Federal sigue esta política.

En su conferencia magistral, Ricardo Hernández Forcada, director del programa de VIH/SIDA de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indicó que los índices de VIH en los sexoservidores son, entre los grupos con prácticas de alto riesgo, los más bajos.

El prohibicionismo, como su nombre lo indica, consiste en tratar a todos los involucrados en la prostitución como criminales, lo cual, explicó el experto, hace menos probable que tengan acceso a la prevención y atención médica.

Finalmente, el reglamentarismo es el enfoque que tienen la mayoría de los municipios en México. Bajo este esquema, los trabajadores sexuales sólo podrán ejercer su oficio mientras sigan las indicaciones del Estado, se sometan a controles sanitarios y respeten las zonas de tolerancia que se les asignen.

Hernández Forcada destacó que estas zonas de tolerancia dan pie a la explotación y que el esquema reglamentarista no toma en cuenta la salud de los trabajadores sexuales.

Sobre los índices de VIH en los sexoservidores, destacó que éstos son, entre los grupos con prácticas de alto riesgos, los más bajos. Aunque reconoció que las estadísticas presentadas no son recientes, los trabajadores sexuales están en tercer lugar de prevalencia de este mal, según la Secretaría de Salud y Conasida. El primer lugar lo ocupan los hombres que tienen relaciones con hombres, con un índice de 5.4%; el segundo, los usuarios de drogas inyectadas, con 0.24%; el tercero, las prostitutas, también con 0.24%, y finalmente los prostitutos, con 0.01%.

Destacó que los resultados de una prueba de VIH son confidenciales, deben ser entregados de manera individual al paciente, a menos que sea menor de edad; no pueden ser pedidos como requisito para entrar a un trabajo o una escuela, usarse como pretexto para despedir o expulsar a una persona de un colegio. Tampoco se le puede obligar a nadie a hacerse la prueba y que aplican para ésta los derechos de consentimiento informado.

El visitador destacó la que describió como la violación más descarada a estos derechos: el año 2005 fue aprobada en Torreón una ley de salud municipal que disponía que los homosexuales que fueran vistos en la vía pública serían detenidos, se les haría la prueba de VIH y si ésta arrojaba un resultado positivo, se distribuiría su foto con su nombre.

El orador opinó que los programas basados en coerción hieren la dignidad humana y violan el respeto a la autonomía individual, además de que son ineficaces, por lo cual es preferible promover prácticas sexuales más seguras, realizar campañas educativas, garantizar la disponibilidad de condones, ampliar el acceso a la prevención y tratamiento y derogar las leyes coercitivas para prevenir más violaciones a los derechos humanos de los trabajadores sexuales, además de incorporarlos a esta discusión.

Reconoció que los trabajadores sexuales en México son acosados por la policía y obligados a pagar multas excesivas, lo cual contraviene el Artículo 22 Constitucional que protege contra ese tipo de penas.

Augusto de la Cruz Arcos (Centro Mexicano Pro Derechos Humanos)

El representante del Centro Mexicano Pro Derechos Humanos del Sureste, Augusto de la Cruz Arcos, redactó una ponencia titulada "Trabajo sexual: Un derecho por conocer", que fue leída por Raúl Chuc Coyoc.

El activista abordó la discriminación total contra las prostitutas y cómo ésta tiene su origen en la óptica de género y la estigmatización, como un recurso de control social.

Abogó por el derecho a la no discriminación y que éste incluya un remedio, una compensación, para los agraviados.

Amelia Ojeda Sosa (UNASSE)

Amelia Ojeda Sosa (UNASSE) llamó a que se respeten los derechos a la autonomía económica, elección ocupacional, autodeterminación sexual, integridad y salud de los y las trabajadoras sexuales.

Amelia Ojeda Sosa, Coordinadora Jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C (UNASSE), criticó duramente los términos peyorativos empleados para referirse a los trabajadores sexuales, incluyendo a quienes se refieren a la prostitución como un "mal necesario" o una "lacra social".

Para atacar ese problema, opinó, no basta con un cambio de vocabulario, sino es necesario un cambio de concepción.

La abogada opinó que se trata de personas que son parte de la sociedad buscando un trabajo y cómo sobrevivir, arremetiendo contra quienes por dogmatismo equiparan intencionalmente la trata de personas con el trabajo sexual, cuya diferencia fue señalada por el orador principal.

Ojeda Sosa llamó a que se respeten los derechos a la autonomía económica, elección ocupacional, autodeterminación sexual, integridad y salud.

La feminista propuso, para comprender y manejar mejor esta problemática, líneas de investigación, campañas educativas, material educativo con lenguaje accesible al público en general, capacitar a los funcionarios para que traten con respeto a los trabajadores sexuales, asegurar el suministro de condones y lubricantes y revisar el marco pragmático para evitar que siga la discriminación.

Los trabajadores sexuales en México son acosados por la policía y obligados a pagar multas excesivas, lo cual contraviene el Artículo 22, se dio a saber en el foro./P>

Maricarmen Ávila Castro (ex trabajadora sexual)

En una ponencia más emotiva, Maricarmen Ávila leyó la ponencia "Los problemas que pasan las sexoservidoras cuando no son comprendidas por la Policía Municipal de Mérida".

El jefe de la PMM escuchó atentamente mientras Maricarmen, ex trabajadora sexual, habló sobre las experiencias de ella y sus compañeras con la corporación.

La expositora reconoció que el diálogo al que convoca la PMM es loable, pero señaló que a pesar de que la prostitución no está penalizada, la PMM persigue a las mujeres que desempeñan este oficio.

Declaró que una sexoservidora no es una delincuente, sino una madre de familia que quiere asegurar un mejor futuro para sus hijos, tras lo cual recibió un sonoro aplauso de la audiencia.

Llamó a quienes las critican a ponerse en sus zapatos e imaginar lo difícil que es llevar una doble vida, teniendo la esperanza de que no se sepa lo que hacen.

Destacó lo desagradable que es tener que ser tocadas por extraños y sentir su mal aliento, pero que lo hacen para ganar un poco de dinero, lo cual es más difícil cuando llega la policía y se los quita.

"Nuestros hijos se quedan sin comer a causa de un policía corrupto", lamentó la ponente, narrando que las suben con violencia a los vehículos de la corporación, las esposan y se les ofrece bajar si "dan para las aguas".

Detalló que muchas son encarceladas entre 24 y 36 horas y obligadas a pagar una multa, detenidas por "faltas a la moral" o "disturbios", acusadas de vestirse impúdicamente mientras que las mujeres que salen en el carvanal o las jóvenes que van a centros nocturnos no son molestadas por su forma de vestir.

Tras su liberación, añadió, se les prohíbe "caminar por las calles del centro".

Maricarmen concluyó diciendo que hasta los policías van por servicio en su descanso, y que "los hombres buscan a las prostitutas, no las prostitutas a los hombres".

Sylvia Zenteno Ruano (Kairós)

Sylvia Zenteno, de la asociación Kairós, leyó la ponencia "El Comercio Sexual visto como un Trabajo".

Narró que han convivido con los trabajadores sexuales en diversas situaciones, y detalló dónde se encuentran los principales puntos de prostitución en la ciudad, entre los que destacó la calle 58 x 71 y 73, llamada el "Corredor del Sexo" por la PMM y donde laboran 90 sexoservidoras que cobran entre $70 y $200 a sus clientes; un local en la calle 60 x 69 y 71; la 69 x 52 y 54; la 55 x 52 y 54; la 69 x 48 y 50; la avenida Itzaes entre 69B y 93; la calle 65 entre 84 y 86; la avenida Jacinto Canek x calle 100 y la colonia Amapola, entre otros lugares. Inclusive dio los nombres de varios moteles empleados por las prostitutas.

Recordó que la colonia Melitón Salazar fue por muchos años una zona de tolerancia, hasta que fue cerrada en la década de los 70's por el gobernador Carlos Loret de Mola Mediz después de que se registró un asesinato.

Indicó que en tiempos recientes la prostitución se ha disparado por la prolongada crisis económica, según las autoridades.

Finalmente, reconoció que las sexoservidoras tienen demanda en gran medida porque saben escuchar, y hay gente que necesita ser escuchada.

Jorge Tzuc (padre de familia)

El señor Jorge Tzuc fue el más conservador de todos los oradores.

Desde su perspectiva de padre de familia, comparó a la prostitución con el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la delincuencia organizada.

De manera categórica, se refirió a la prostitución como un mal originado en casa, responsabilidad de los padres de familia.

Dio como ejemplo que varias madres de familia "dan a entender, por como viven, que las muchachas tienen que desnudarse" y que en ocasiones ambos padres permiten la flojera, mediocridad y vagancia.

El ponente también señaló la problemática de la violación intrafamiliar, que deja graves secuelas.

"Tiene que haber culpables por esa destrucción", opinó el orador, responsabilizando a los padres por las acciones de sus hijos y llamó de que previo al matrimonio los contrayentes se vean obligados a cursar y aprobar clases de paternidad.

"A lo bueno se le está llamando malo y a lo malo bueno", añadió.

Criticó que hay cientos de religiones en México que no hacen nada con sus recursos para ayudar a estas personas.

El orador concluyó sentenciando que "México fabrica sus propios criminales".

En el presídium, se pudo ver a Maricarmen girando sus ojos durante la ponencia de Tzuc, visiblemente hastiada por sus palabras.

Carlos Méndez Benavides (Oasis San Juan de Dios)

Durante la interveción de Tzuc se oyó una voz desde la audiencia: "¡Saca el agua bendita!" gritó Carlos Méndez Benavides, a cargo del Oasis San Juan de Dios.

Minutos después volvió a interrumpir, gritando "¡La Santa inquisición regresa!", tras lo cual la audiencia le pidió que se callara y mostrara respeto y tolerancia para quienes no piensan como él.

Rosario de Fátima González Escalante (ciudadana)

Esta ponencia, leída por José Fabián Ortiz Martínez, expresa una postura de una ama de casa con 4 hijos que está contra el establecimiento formal de una zona de tolerancia, ya que éstas se vuelven nidos de delincuentes, y aboga una presencia más intensa de la PMM en el centro de la ciudad.

La autora considera que las prostitutas afean la "blanca Mérida" y por lo tanto deben retirarse de dicha zona de la ciudad. También se pronunció en pro del control sanitario y que "no se vea" este problema.

Maricela Chan Chan (ciudadana)

En esta ponencia, leída por Gilbert Loeza, se pidió que las trabajadoras sexuales tengan los mismos derechos que los trabajadores formales, entre éstos un día de descanso semanal, crédito para adquirir una vivienda y una pensión de retiro pagada por sus empleadores, las casas de citas.

María Cristina Muñoz Menéndez (Grupo Indignación)

La ponencia de María Cristina fue leída por Silvia Chalé Euán.

En ésta, Equipo Indignación criticó duramente a la PMM por detener arbitrariamente y hostigar a las trabajadoras sexuales, alegando que esta práctica se ha incrementado en los últimos meses.

Recordó que toda persona tiene derecho a caminar libremente, vestir como guste y elegir el trabajo que le plazca.

La activista criticó que detengan a la gente por su forma de vestir, lo cual constituye una detención arbitraria sin motivo y un acto de discriminación, al grado que "quien viste provocativamente, está obligado a probar que no se prostituye".

También criticaron que no exista un mapa de riesgo para combatir la trata de personas y la presunta complicidad de las autoridades con bares y cantinas que explotan a menores de edad.

Señaló categóricamente que este foro fue convocado por quienes violentan los derechos de los trabajadores sexuales, además del derecho al libre tránsito y presunción de inocencia de todo ciudadano, y que es necesario abordar este tema con un enfoque de derechos humanos.

Además cuestionó el lenguaje ambiguo del Bando de Policía y Buen Gobierno, que en su Artículo 66 dice textualmente: "Para los efectos de este Bando se consideran faltas e infracciones, las acciones u omisiones que alteren el orden público o afecten la moral y buenas costumbres, realizadas en la vía pública, en lugares de uso común, acceso público o libre tránsito, siempre y cuando no constituyan un delito".

Muñoz señala en su ponencia que el trabajo sexual es producto del patriarcado y las necesidades económicas. Curiosamente, ella es bisnieta del fundador del Diario de Yucatán, cuya dinastía ha sido patriárquica por definición.

Concluyó señalando que es necesario incluir a los trabajadores sexuales en este debate.

María Luisa Rojas Bolaños (UADY)

La ponencia de la Dr. Rojas Bolaños, académica de la Facultad de Medicina de la UADY, fue leída por Amelia Ojeda.

La autora llamó a comprender la realidad de los trabajadores sexuales sin recurrir a términos simplistas, abordando los factores de riesgo, muchos de los cuales fueron abordados en las ponencias anteriores, y su vulnerabilidad en esta sociedad.

Explicó que el origen de la inequidad que viven estas personas tiene su origen en la perspectiva moralista de la Iglesia, los políticos conservadores y los medios de comunicación, y que lo que desean las trabajadoras es la abolición de las medidas que les impiden desempeñar su labor.

Rojas Bolaños recalcó la importancia de la capacitación del personal institucional para lidiar con esta problemática.

Después de las nueve ponencias que siguieron a la magistral, llegó de manera repentina un décimo orador, pero apenas subió al escenario, la mitad de la audiencia se levantó y se fue, debido a que ya eran las 2:30 de la tarde.

También asistieron al evento los funcionarios Salvador Vitelli Macías, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida; María Nieves Granados Pérez, coordinadora de Participación Ciudadana del Consejo Estatal de Seguridad Pública y Miguel Oscar Sabido Santana, visitador de la Codhey.

Además de los mencionados en la nota, estuvieron presentes los activistas Sandra Peniche Quintal, directora de UNASSE; Héctor Guillermo Vela Román y María Patricia de Jesús Monforte Méndez de Vela, del Frente Cívico Familiar.