La decisión de dos comisionados, Mony De Swan y Gonzalo Martínez Pous, de los cinco que integran el pleno de la Cofetel, en el sentido de adjudicar 30 mhz nacionales del espectro radioeléctrico a Televisa-Nextel al precio de ganga de 180 millones de pesos, y el inmediato respaldo a esa medida del Secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas, constituye un serio daño al patrimonio público de la Nación, que no puede, ni debe quedar exento de sanción alguna. Así sea, sólo en términos de la sanción de la opinión pública.

Se trata de una medida cuestionable desde los más diversos puntos de vista: legal, ético, administrativo, político, y por supuesto técnico.  Constituye una enorme contradicción en el discurso gubernamental que, por un lado exhorta a fortalecer el Estado de Derecho y el combate a la delincuencia y por otro, toma una decisión que violenta varias disposiciones legales y constitucionales, además del daño al patrimonio público que provoca el pago irrisorio a los ingresos fiscales.

El gobierno federal está dejando de ingresar sólo por concepto del pago inicial, y en referencia directa al que harán otros competidores en esa misma banda por la misma cantidad de megahertz, la cantidad de 4,890 millones de pesos. A lo cual habrá que sumar la condonación fiscal que se estableció para esta banda del espectro en el pago de derechos por los siguientes dos años al momento de expedirse el título de concesión  – una exención promovida por legisladores priistas encabezados por el Senador Manlio Favio Beltrones, pero avalada por el Presidente de la República y su Secretario de Comunicaciones -, lo que suma 1,800 millones de pesos, a razón de 900 millones de pesos anuales condonados; en total, un regalo de 6,690 millones de pesos.

La decisión es ilegal e inconstitucional. Primero porque trata de burlar medidas cautelares de dos distintos jueces que ordenan suspender el proceso licitatorio; segundo porque la votación de la sesión del pasado lunes 16 de agosto en la Cofetel no se apegó a la ley, toda vez que una minoría de dos comisionados pretende adjudicarse una decisión que por lo menos pueden tomar tres de los cinco comisionados que integran el pleno.

En la sesión de ese día asistieron cuatro comisionados, los dos que sirvieron al interés de Televisa, Mony de Swan y Gonzalo Martínez Pous;  el comisionado experto en economía, Dr. Rafael Del Villar Aldrich, que votó en contra de la adjudicación mediante voto partícular, y el Lic. Ernesto Gil Elourduy, que se abstuvo de votar en virtud de conocer las medidas cautelares impuestas por un juez federal del estado de Guerrero y por otro juez federal del Estado de Tamaulipas.

Es inconstitucional, porque por un lado genera un nuevo fenómeno de concentración del espectro radio-electrico en manos de Televisa, contrario al artículo 28 constitucional, y porque la adjudicación de ese bien de dominio público no asegura "las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes", señaladas en el tercer párrafo del artículo 134 constitucional.

Simula buscar la competencia sólo por oponerle a Telcel otro competidor más, cuando en realidad está reforzando el acaparamiento de espectro  – recurso esencial – por parte de Televisa, eludiendo conscientemente el proceso de convergencia tecnológica que por la vía de la digitalización les permitirá multiplicar servicios en el mismo espectro que les ha sido asignado para otros servicios. Ahora resulta que para combatir un monopolio, hay que crear otro de peores proporciones y consecuencias, no sólo para la economía, sino para la política. A ver quién someterá al imperio de la ley a este nuevo poder televisivo y telefónico.

Es un absurdo administrativo y un empecinamiento del Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien para congraciarse de mejor manera con la televisora decidió sostener la licitación bajo  estas condiciones tan desfavorables al gobierno cuando pudo haberla declarado desierta y volverla a concursar de nuevo en forma inmediata, esa posibilidad la otorga en cualquier momento el artículo 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Resulta ilógico - y por ello es un absurdo legal y administrativo -, que por un bien de las mismas características (espectro radioeléctrico) se estén pagando sumas que además de ser distintas, en el caso de Televisa – Nextel son muy inferiores tomando en cuenta el costo unitario del espectro .

Lo anterior es así, ya que aún cuando Televisa y Nextel insisten que este pago inicial no es el más relevante, ya que también pagarán derechos anuales y éstos representan el componente más importante del costo total del espectro (97%), mientras que el precio de reserva es apenas de 3%, lo cierto es que los ingresos que habrá de obtener el Estado mexicano por la adjudicación de 210, 60 y 270 MHZ, que se adjudicaron respectivamente a Telcel, Telefónica y a la alianza Televisa-Nextel, muestran claras diferencias en cuanto a su costo unitario (tomando como unidad de medida 1 MHZ), de lo cual resulta que uno de los adjudicados (Televisa – Nextel) obtendrá un claro beneficio económico.

Este resultado tiene su origen en la omisión en que incurrieron los servidores públicos de la COFETEL que llevaron a cabo la subasta, pues hubo un momento en que se tenían elementos suficientes para considerar que en el bloque de 30 MHz dedicado a nuevos competidores no habría puja alguna, pues la única propuesta que se tenía era la de la alianza Televisa-Nextel, de tal suerte que era posible modificar las bases para, en claro acatamiento de las disposiciones constitucionales, asegurar las mejores condiciones para el Estado mediante la modificación de las Bases de la Licitación, introduciendo una "regla de igualación de precio" a efecto de que el precio final por MHz para nuevos incumbentes se sujetara al precio final resultante de las pujas en los otros bloques. De esta manera, además de asegurar las mejores condiciones económicas para el estado, se habría asegurado equidad en el proceso.

A lo anterior, habría que agregar que también influyó en el resultado final de la licitación 21 el hecho de haber establecido barreras de entrada, entre ellas, al autorizar alianzas, pues no se favoreció la competencia; por el contrario, se disminuyó la posibilidad de que al menos hubiera dos competidores por el bloque de 30 MHz nacional, en el que finalmente las dos empresas interesadas se unieron para obtener de manera conjunta el espectro licitado.

Esta fue una maniobra – dentro de la componenda planeada para favorecer a Televisa-Nextel- cometida por la Comisión Federal de Competencia. Resulta contradictorio que la autoridad antimonopolios declare que la intencionalidad de las licitaciones no es recaudatoria, sino que se trata de fomentar la competencia. Bajo esta tesis, no debió autorizar la alianza Televisa – Nextel, y dejar que ambas empresas, en su carácter de nuevos incumbentes, pujaran por la asignación de espectro en forma independiente.

Como también es absolutamente falso que haber retrasado la entrega de ese espectro hubiera tenido un enorme costo a la competencia; en todo caso, el costo sería para televisa al ver reducido su tiempo de gracia fiscal.  La banda 1.7, a decir del propio Secretario Molinar, no será homologable para los servicios de telefonía sino hasta dos o tres años más, argumento en el que basó la promoción de la condonación fiscal a la televisora, ante el grupo de senadores del Partido Acción Nacional en noviembre del año pasado.

El comportamiento del Presidente de la Cofetel, Mony de Swan, además de ser vergonzoso por la manera como ha pretendido manipular  la información a los medios, tanto el resultado de la votación como ocultar el contenido de la sesión, y específicamente el contenido del voto partícular del comisionado Rafael Del Villar, señalan una absoluta falta de ética de este funcionario.

La política electoral del país, y de manera particular el sistema de partidos, debieran estar atentos a estas decisiones y exigir claridad en torno de las negociaciones que posibilitan disponer en estas condiciones de un recurso público como es el espectro radio-eléctrico,  para el logro de propósitos o favores políticos alejados totalmente de la vida institucional y democrática del país.

El viernes pasado se llevó a cabo una Asamblea Informativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que preside el Dr. Raúl Trejo Delarbre, con la presencia de varios legisladores federales tanto del PAN y como del PRD. En ella se tomaron varias decisiones importantes en el sentido de denunciar este proceso licitatorio como lo que es,  un atraco a la Nación, así como emprender medidas legales en contra de los responsables directos de esa adjudicación de espectro.

Estoy de acuerdo en que no debe quedar impune este hecho.

Sostengo que la decisión es una medida política que carece de sustento técnico y jurídico; se inscribe en la dinámica de claudicación que los poderes Constitucionales del Estado han hecho de sus deberes, frente a las componendas y chantajes con que los poderes fácticos, particularmente la empresa Televisa, han hecho avanzar sus intereses particulares, por encima del interés general.

Ese poder factico – transversal a partidos y niveles de gobierno -, retrata la decadencia del régimen político y el agotamiento de su clase política, tan a merced del manejo mediático precisamente por su falta de valor, por la ausencia de ideas y propuestas relevantes, por sus faltas bien acreditadas en el cumplimiento de sus responsabilidades,  todo lo cual necesita del disimulo o protección de los medios  de comunicación electrónica. De eso se aprovecha la Televisión, para imponer sus intereses.