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El Stop Online Piracy Act (Español: Ley de cese a la piratería en línea) también conocido como Ley SOPA o Ley H.R. 3261; es un proyecto de ley introducido en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 por el representante Lamar S. Smith, y un grupo de copatrocinadores bipartidario formado inicialmente por 12 miembros.
El proyecto de ley extiende las competencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y amplía las capacidades de los propietarios de derechos intelectuales para combatir el tráfico online de contenidos y productos protegidos, ya sea por derechos de autor o de propiedad intelectual. Entre estos se pueden contar por ejemplo música, películas, libros, obras artísticas y productos copiados o falsificados que no tributan las correspondientes tasas a los propietarios de sus derechos de autoría o invención.
Actualmente, y antes de ser presentada ante el Comité Judicial de la Cámara (de Representantes), presenta una estructura similar al Acta PRO-IP del año 2008 y su correspondiente proyecto de ley ante el Senado el Acta PROTECT IP (Acta de protección de propiedad intelectual).
El proyecto de ley originalmente propuesto permite que tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como los propietarios de derechos intelectuales, puedan obtener órdenes judiciales contra aquellos sitios de internet que permitan o faciliten la violación de los derechos de autor. Dependiendo de quién sea el que solicite la orden judicial, las acciones previstas contra el sitio web podrían incluir:
Restricción al acceso a empresas que brindan un servicio de facilitación de pago tales como PayPal o que ofrecen dinero a cambio de colocar publicidad online.
Requerimiento a los proveedores de internet, para que bloqueen el acceso a tales sitios.
El proyecto de ley convierte en un crimen al streaming no autorizado de contenidos protegidos por copyright y prevé una pena máxima de cinco años de prisión por cada diez piezas musicales o películas descargadas dentro de los seis meses desde su estreno. El proyecto además brinda inmunidad a todos aquellos proveedores de Internet que voluntariamente lleven a cabo acciones contra tales sitios haciendo además responsable al sitio web infractor de cualquier daño producido al titular de los derechos, incluso sin tener que demostrarlo.
Quienes proponen la ley afirman que protege el mercado de la propiedad intelectual y su correspondiente industria, trabajos e ingresos, y que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor, en particular contra los sitios web extranjeros.
Citan ejemplos como el del acuerdo judicial de 500 millones de dólares al que llegó Google con el Departamento de Justicia por su papel en una campaña publicitaria dirigida a los ciudadanos estadounidenses que alentaba a los consumidores a comprar drogas de prescripción ilegal en farmacias online de Canadá. Los opositores argumentan que la ley infringe los derechos de la Primera Enmienda, que es censura en Internet, que lisiará a Internet, y será una amenaza para la denuncia de irregularidades y otras muestras de libertad de expresión.
El Comité Judicial de la Cámara mantuvo audiencias sobre la ley SOPA el 16 de noviembre y el 25 de diciembre de 2011. El comité tiene programado continuar con el debate cuando el Congreso retorne de su receso invernal.
El Representante Bob Goodlatte sentenció: La Propiedad Intelectual es uno de los principales elementos de creación de empleo y una de nuestras principales ventajas competitivas en el mercado global, sin embargo los inventores, autores y empresarios americanos han sido obligados a observar impotentes como su trabajo es robado por infractores extranjeros, que están fuera del alcance de las leyes actuales de los EE.UU. Esta legislación actualizará las leyes para garantizar que los incentivos económicos que nuestros Padres Fundadores consagraron en la Constitución hace más de 220 años, para alentar nuevas obras literarias, investigaciones, productos y servicios, sigan siendo efectivas en el mercado global del siglo XXI, lo que contribuirá a la creación de más empleos en América.
Los propietarios de estos derechos ven a los intermediarios: las empresas que hospedan, enlazan, y se dedican al comercio electrónico basado en estos contenidos, como los únicos asequibles para ser acusados.
El Representante John Conyers, patrocinador del proyecto dijo: Millones de puestos de trabajo americanos penden en la balanza, y nuestros esfuerzos por proteger la propiedad intelectual de América son críticos para el éxito de nuestra economía a largo plazo.
El representante tejano Lamar Smith añadió: El Acta SOPA, ayudará a detener el flujo de beneficios hacia estos pícaros sitios web y asegurará que las ganancias provenientes de las innovaciones americanas vayan a los innovadores americanos.
Los representantes de la MPAA que testificaron ante el comité dijeron que la industria del cine y películas sostiene a dos millones de puestos de trabajo y a 95 000 pequeñas empresas.
John Clark, portavoz de Pfizer, testificó ante la audiencia del comité que los pacientes no siempre son capaces de distiguir a aquellos sitios hábilmente fojados utilizados para vender medicamentos con nombres similares o simplemente falsificados.
RxRighths, un grupo de defensa al consumidor, emitió un comunicado diciendo que Clark cometió un error al no reconocer que hay farmacias internacionales en Canadá y en otros lugares que dan a conocer dónde se encuentran, requieren de una receta médica válida y venden medicamentos perfectamente seguros, de marca reconocida, producidos por los mismos fabricantes líderes de medicamentos que venden en Estados Unidos.
Anteriormente había dicho que SOPA falla al distinguir entre farmacias genuinas y falsificadas y que lo único que hace es impedir que los pacientes de Estados Unidos puedan ordenar sus medicamentos a farmacias online de Canadá.
El Representante patrocinador de la ley Lamar Smith acusó a Google de obstruir el proyecto, citando el acuerdo por 500 millones de dólares al que llegó la empresa de Internet con el Departamento de Justicia en relación a los cargos que se le imputaban por facilitar anuncios de farmacias canadienses, que conducían a importaciones ilegales de medicamentos que deberían venderse bajo prescripción.
El envío de medicamentos con receta desde farmacias extranjeras a clientes en los Estados Unidos, por lo general viola la Ley Federal de Alimentos Drogas y Cosméticos y la Ley de Sustancias Controladas.
De acuerdo a la Electronic Frontier Foundation, la utilización de servidores proxy que permitan saltar las restricciones impuestas por servidores locales dedicados a censurar contenidos, tales como los que se utilizaron en la primavera árabe, también pueden ser utilizados para acceder a contenidos con derechos de autor, y por lo tanto, pueden ser declarados ilegales por la ley.
En el blog Techland blog de la revista Time Jerry Brito escribió:
Imagínense que sucedería si el Reino Unido creara una lista negra de diarios estadounidenses a los cuales la justicia encontrara 'violando la privacidad de algunas celebridades, o que sucedería si Francia bloqueara sitios estadounidenses que creyera que contienen discursos de odio.
De manera similar, el Centro para la Democracia y la Tecnología advirtió: Si SOPA y la Ley de PROTECT IP se promulgasen, el gobierno de Estados Unidos debe estar preparado para que otros gobiernos del mundo sigan su ejemplo, dictando leyes al servicio de las políticas sociales que ellos crean importantes, ya sea restringiendo discursos basados en el odio, los insultos a funcionarios públicos, o la disidencia política.
Paul Almeida, miembro de la AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), argumentó en favor de la ley SOPA, declararando que la libertad de expresión no era una consideración relevante, ya que la Primera Enmienda no brinda protección contra el robo de mercancías de los camiones.
Se considera que esta polémica ley amenaza las redes internas de las empresas y no constituye un freno eficaz a la piratería.