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El 24 de abril de 2009 la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco puso en función el Instituto Estatal de Combate a la Corrupción (INNECO) para "velar por el ejercicio legal y transparente de la función pública". Para tal encomienda, la titular del Ejecutivo nombro al ex panista identificado con el grupo de Ana Rosa Payán Cervera, Luis Aldana Burgos, a quien le "advirtió" que debería cumplir con la misión de aplicar cero tolerancia a los actos de corrupción.
Casi tres años después, el INNECO, al que también se había anunciado como "el estricto vigilante de todas las entidades e instancias de gobierno que respondería a las exigencias ciudadanas de transparencia, honradez, cuentas claras y de lucha contra la corrupción", ha quedado prácticamente en el olvido, no solo por la gris y servil actuación al gobierno que lo creó, sino porque sus oficinas han sido relegadas al estacionamiento de un supermercado cercano al Monumento a la Patria.
Ahí despacha desde hace algunos meses Luis Aldana Burgos. Quienes bajan al estacionamiento después de hacer sus compras pueden verlo detras del cristal de la ventana. Ya no hay un privado que lo aleje de las miradas públicas, ni tampoco una secretaria que tome sus recados. Ahora, esta solo, tan solo como dejó a quienes acudieron a él en busca de una resolución contra los malos manejos del gobierno.
El caso más sonado sin duda ha sido el de "Cobijar". La Profa. y presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de YucatánFECUY), Blanca Estrada Mora, denunció con pruebas en la mano y testimonios el fraude cometido por el gobierno del Estado de entregar más de 1,300 cobertores a personas fallecidas y a supuestos beneficiarios que jamás recibieron nada.
"Cobijar", desvío y fraude sin castigar.
Pese a las pruebas presentandas y a las promesas hechas a los medios de comunicación en un desayuno, Aldana Burgos, nunca volvió a tocar el asunto en público. Ante el silencio, Artículo 7 buscó al mal llamado "zar anticorrupción" para una explicación. El titular del INNECO concluyó que la denuncia presentada por Blanca Estrada Mora resultó en una falta administrativa en la que incurrieron los responsables del programa, pero "no por mala fe".
Aunque señaló que se encontraron 82 mil cobertores "perdidos", el Ejecutivo no pudo demostrar el destino de aproximadamente 1,300 cobertores.
De nueva cuenta, Aldana Burgos justificó la situación al explicar que los responsables del programa comentaron que tuvieron que entregar los cobertores a gente que no estaba en los listados por temor del linchamiento.
Suerte similar corrió la denuncia de la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán (FENAPAF), Paula Lira Moguel, quien luego de dos años de haber denunciado ante el INNECO con 200 hojas de pruebas por presuntos actos de corrupción y otros cargos más, al director de la Escuela Primaria Estatal 48 "Ignacio Zaragoza" , José Alfredo Canché Domínguez, tampoco encontró respuesta, a pesar de que el mismo "zar anticorrupción" se comprometió a darle un resultado. La denuncia también incluyó a las profesoras Rosa Martina Escalante Durán, Carmen Leticia Espadas Bermúdez y Susana Guadalupe Ravell González, que ocuparon la comisión de finanzas en el ciclo escolar 2007-2010. Los cargos presentados fueron: desvío de recursos obtenidos por la tienda escolar, utilizados para gastos de la escuela pública y para uso discrecional del director de la escuela.
Luis Aldana recibiendo más denuncias a escuelas por parte de la Sra. Paula Lira Moguel, quien en ese momento le exigió una respuesta de las demandas anteriores. Esta, por supuesto, fue favorable a la escuela denunciada, a pesar de las 200 hojas de pruebas en contra.
La respuesta de Aldana Burgos a Artículo 7 fue muy parecida a la del caso "Cobijar": " la denuncia no necesariamente representa actos de corrupción". Además, señaló que aunque nunca había dado resultados a las denuncias presentadas, como se comprometió a hacer con la Sra. Paula Lira Moguel, había turnado los casos a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEGEY), que supuestamente ya había suspendido a algunos profesores por el cobro de cuotas, porque ahí sí procede el abuso de autoridad.
Por si fuera poco, Aldana Burgos también hizo oídos sordos ante el incumplimiento de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco de donar, como se comprometió al inicio de su mandato a través del Decreto 03, la mitad de su sueldo mensual al "Fondo de Apoyo a Jóvenes con Alto Rendimiento Educativo". De acuerdo con la titular del Ejecutivo, el descuento lo realizaría la Secretaría de Hacienda. No hay documentos que prueben que la donación del salario se llevó a cabo.
Entrevistado al respecto por Artículo 7, Aldana Burgos señaló que aunque respeta a todos los medios de comunicación, la denuncia no dejaba de ser una queja emitida por uno de ellos.
Agregó que sin una denuncia formal para investigar, ni siquiera podría emitir una opinión al respecto.
Hasta aquí, ciudadanos 0, corrupción 3.
Pero esos no han sido los únicos baches en los que ha caído el INNECO en estos casi tres años de vida. El 4 de mayo de 2011 el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP), en el que se encontraba como consejera Ana Rosa Payán Cervera, con quien se identifica políticamente a Aldana Burgos, acordó realizar al INNECO para conocer sus facultades operativas, así como las obligaciones que tiene que informar.
La determinación se tomó, al parecer, al debido incumplimiento de al menos cuatro apartados de la ley estatal de transparencia de 21 que marca la norma, lo que lo hizo uno de los dos organismos que menos cumple con la ley. Sin embargo, no se volvió a mencionar nada del asunto.
A unos meses de concluir el mandato de Ivonne Ortega al frente del Ejecutivo estatal, aquel INNECO que inició en oficinas del Paseo de Montejo como el estricto vigilante anticorrupción y como el aliado de la sociedad a combatirla, termina hoy donde nadie lo hubiera esperado: en el sótano de una plaza comercial, un lugar que va acorde al nulo trabajo realizado a favor de los yucatecos. L.I.