El miembro senior de C-FAM y abogado de la Alianza de Defensa Piero Tozzi abordó el irritante tema de la libertad de culto y quienes tratan de obstaculizarlo con discursos y códigos de odio. Es un continuo debate caliente dentro del sistema de la ONU y alrededor del mundo.

Durante el año pasado la tensión entre la defensa de la libertad de expresión y el esfuerzo por poner freno a los discursos de odio, se hizo presente como resultado de las recientes iniciativas de las Naciones Unidas y la administración de Obama.

La libertad de opinión y expresión ha sido reconocida como fundamental hace algún tiempo y un comentario general del Comité de Derechos Humanos de la ONU afirmó que estas libertades son la piedra fundamental en toda sociedad libre y democrática.

Sin embargo, mientras se anuncian estos derechos fundamentales , otros buscan restringir la crítica al comportamiento homosexual y resguardar ciertas religiones de la difamación. Estos esfuerzos también colisionan contra la libertad de culto y de conciencia, otras dos constelaciones en el firmamento de los derechos fundamentales.

La tensión comenzó a hacerse evidente durante una iniciativa de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en 2010, que buscaba armonizar las extensas protecciones de la libertad de expresión fundadas en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), con el artículo 20 que invita a los gobiernos a limitar la defensa del odio religioso, racial y nacional que constituye una instigación a la discriminación, hostilidad o violencia.

Aunque el ICCPR es en gran parte un estatuto de derechos negativos, protegiendo las libertades de la intromisión de los gobiernos, el artículo 20 es anómalo, apelando a la acción gubernamental afirmativa. La preocupación por la compatibilidad del artículo 20 y sus garantías constitucionales, motivó a los EEUU y otros gobiernos occidentales a optar por no confirmar este artículo en particular al momento de la ratificación del ICCPR.

Los críticos observaron que al llamar al diálogo en la interacción entre la libertad de expresión y el discurso del odio, el Alto Comisionado notablemente distorsionó el texto del artículo 20 exponiendo que prohibía la incitación al odio, un parámetro disminuido que podría motivar discursos provocativos que no insten a la violencia a ser prohibida. Esta preocupación no es meramente teórica; un número de naciones occidentales que, alguna vez fueron tolerantes al libre intercambio de ideas y que han promulgado constricciones para controlar expresiones contra la violencia, se volvieron criticos ante algunos grupos e individuos.

Por ejemplo, el Código Penal de Alemania, sanciona los insultos, definidos como una agresión ilegal al honor de otra persona al exteriorizar una falta de respeto intencional o ningún respeto en absoluto, con un máximo de un año de prisión.

Afortunadamente, los partidarios incondicionales de la libertad de expresión, como el relator especial de la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, retrocedieron y el comentario general sobre el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos emitido el pasado septiembre es en gran parte, protector de la libertad de expresión al desestimar al artículo 20.

Cómo funcionan estas interpretaciones en la práctica es otro asunto, sin embargo se han llevado a cabo  talleres sobre cómo interactúan los dos artículos en un número de ciudades alrededor del mundo, incluyendo Viena y Santiago de Chile. En la última, la mayoría de los panelistas buscaron importar una orientación sexual, un concepto ausente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como una jerarquía equivalente a las categorías específicas de nacionalidad, raza y religión.

El apoyo en la reunión de Santiago a favor de las restricciones en los discursos con tintes sexuales por parte del relator especial de la libertad de religión y credo, Heiner Bielfeldt, fue particularmente desconcertante. Indicó falta de conciencia o interés sobre estrictas restricciones estatales de críticas legítimas de comportamientos homosexuales basadas en la religión por el relator a quién se le encomendó hablar en defensa de las libertades de religión.

Los intentos de sancionar discursos religiosos incluyen la persecución criminal en Suecia de un pastor pentecostal por un sermón dado en una iglesia, donde criticaba el comportamiento homosexual y las medidas de derechos humanos aplicadas en Canadá contra un pastor que había redactado una carta a un periódico juzgando la propaganda homosexual y su amenaza hacia niños y jóvenes inocentes. Un panel de derechos humanos sostuvo que el clérigo violó un estatuto provincial que prohibía los discursos propensos a exponer a una persona o grupo de personas al odio y al desprecio basados en su orientación sexual .

La preocupación global sobre el asunto ha sido agudizada por iniciativa de la administración de Obama, anunciada el mes pasado, que fomentaría los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales como prioridad en la política exterior de los EEUU. A las embajadas de los EEUU alrededor del mundo se les asignó la tarea con derogación de la defensa de leyes contra la sodomía en naciones que las presentan y con grupos de monitoreo, incluyendo grupos religiosos , considerados en oposición con esta orden del día.