En los últimos tres años el gobierno perredista del Distrito Federal, aliado con otras fuerzas políticas, ha impulsado desde la Asamblea Legislativa reformas constitucionales que —en opinión de algunos sectores— ha puesto a la ciudad de México a la vanguardia de los cambios sociales en América Latina pero, al mismo tiempo, han generado polémica, polarización de la sociedad, desencuentros y división de opiniones en, prácticamente, todo el país.

De 2007 a la fecha los legisladores capitalinos, encabezados por la fracción mayoritaria perredista, han logrado que en el DF: se despenalice el aborto; el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo y, más recientemente, que las parejas de homosexuales puedan adoptar hijos.

El jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, también ha manifestado su respaldo y simpatía a la iniciativa promovida tiempo atrás, primero por el PRD y después por el PRI, para legalizar la eutanasia, aunque esto último no se ha concretado.

La postura de las autoridades capitalinas ha provocado un abierto enfrentamiento con el Partido Acción Nacional y el gobierno federal, a través de la PGR, que en su momento promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero sin hallar eco entre la mayoría de los magistrados, quienes han dado su aval a las polémicas reformas de los perredistas y sus aliados en la Asamblea Legislativa.

La Iglesia Católica, en voz del cardenal Norberto Rivera Carrera y otros prelados, ha lanzado severas críticas contra el gobierno perredista de la capital y la SCJN, contra los que han sostenido un enfrentamiento verbal por sus posturas.

Incluso, esta miércoles (18/Agosto/2010), Marcelo Ebrard presentó una demanda civil por daño moral en contra del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez y del vocero de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar.

El mandatario capitalino solicitó al juzgado pedir la comparecencia del cardenal —quien lo acusó de haber "maiceado" a los ministros de la SCJN para que avalaran las bodas gay y la posibilidad de que estas personas pudieran adoptar hijos— para que presente pruebas de sus dichos.

Hugo Valdemar afirmó que la acción legal constituye "una nueva persecución religiosa" y muestra la "intolerancia, el odio y la visceralidad" de Ebrard hacia la Iglesia, lo que "desataría una guerra en el país".

Las reformas para despenalizar el aborto en el Distrito Federal fueron aprobadas en abril de 2007 en la Asamblea Legislativa. Fueron 46 votos a favor de los diputados del PRD, PRI, Nueva Alianza y la coalición integrada por el PT, Convergencia y Alternativa. En tanto, los asambleístas del PAN y dos del PVEM votaron en contra. El priista Martín Olavarrieta fue el único que se abstuvo de emitir su voto.

De esta manera, las mujeres pueden interrumpir su embarazo si no rebasan las 12 semanas de gestación. El aborto sólo se tipificará como delito a partir de la semana 13 y se castigará a la mujer que lo practique desde ese momento, con una pena de tres a seis meses de cárcel o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad.

En la reforma se establece como delito grave obligar a una mujer a abortar, por lo que se impondrán de cinco a ocho años de cárcel a quien fuerce a la mujer, sin derecho a salir libre bajo fianza. Si en este caso mediara violencia física o moral, la pena de prisión se incrementará de ocho a 10 años.

Al promulgar estas modificaciones legales, la ciudad de México se sumó a Cuba, Guyana y Puerto Rico como los únicos lugares en América Latina y el Caribe en permitir el aborto.

La Iglesia Católica, con el respaldo del Papa Benedicto XVI, advirtió insistentemente que los diputados que votaran a favor quedarían excomulgados una vez que se concrete el primer aborto bajo el amparo de estas modificaciones.

En respuesta, los diputados que apoyaron la despenalización insistieron en su defensa de los derechos a decidir de las mujeres; dijeron que de esta forma se garantizará una atención médica integral y sin riesgos para la mujer que decida abortar.

En abril de 2010, el secretario de Salud del DF, Armando Ahued, dijo que a tres años de haberse aprobado la despenalización del aborto, en la red de hospitales y clínicas del gobierno de la ciudad se habían practicado casi 40,000 interrupciones legales de embarazos, lo que —aseguró— ha reducido significativamente la cantidad de mujeres que tenían problemas graves de salud por practicarse un aborto clandestino.

A esta cifra hay que agregarle la que se registra en hospitales privados y de los cuales no hay registros debido a la confidencialidad con las que se practican estas operaciones.

Las bodas gay

Asimismo, en diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa también aprobó por mayoría las reformas a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, con lo cual se legalizaron las bodas entre personas del mismo sexo y se les permitió adoptar hijos para formar un hogar.

Dichas reformas se aprobaron en lo general con 39 votos a favor de PRD y PT, 20 en contra de PAN y PVEM y 5 abstenciones del PRI.

Meses más tarde, en agosto de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el matrimonio entre personas del mismo sexo y dictaminó además que las bodas gay que se efectúen en el DF tendrán validez en las 31 entidades del país.

Los ministros precisaron que los estados no estarán obligados a cambiar su legislación para permitir este tipo de matrimonios. Sin embargo, sí están obligados a reconocer la validez oficial del acta de matrimonio de las parejas del mismo sexo.

También resolvieron que son infundados los argumentos del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, quien pidió no darle validez a estos matrimonios en el país, bajo el argumento de que genera incertidumbre jurídica y viola el principio de legalidad existente en la República.

Lo cierto es que de marzo a la fecha se han realizado 320 matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal y otras 21 solicitudes han sido desechadas.

De ese total de bodas, 173 fueron entre hombres y 147 de mujeres. Entre los contrayentes hay 27 extranjeros rumanos, alemanes, austriacos, panameños, canadienses, estadounidenses y españoles, entre otros, casados con mexicanos.

Según información proporcionada por la Consejería Jurídica del gobierno capitalino, por grupos de edades destaca el de 31 a 40 años y le sigue el de 21 a 30. También hay adultos mayores, como el caso de dos contrayentes: uno de 87 y el otro de 81 años.

En cuanto al régimen matrimonial, 216 optaron por la sociedad conyugal y los 104 restantes lo hicieron bajo el esquema de separación de bienes.***{Comparar esto con las estadísticas del tipo de matrimonio heterosexual...}

Este mismo mes, la SCJN también avaló la posibilidad de que los matrimonios gay puedan adoptar hijos, luego de analizar una controversia que había interpuesto la PGR y que al final también fue desechada.

Los ministros consideraron que no hay argumentos para declarar inconstitucional las adopciones por parejas del mismo sexo porque —dijeron— no existe estudio científico que demuestre que hay daños al menor al desarrollarse en un ambiente homoparental.

La eutanasia: antecedentes

La eutanasia es —hasta ahora— lo único que no se ha podido concretar en la capital del país. Sin embargo, en diciembre de 2007, en la Asamblea Legislativa, se aprobó una normativa denominada Ley de Voluntad Anticipada por medio de la cual los ciudadanos del DF podrán rechazar procedimientos médicos que alargan su agonía y morir de forma natural.

La diputada Paula Soto, una de las impulsoras de la iniciativa, explicó que con la "ortotanasia" no se va a provocar la muerte de manera activa, sino que se evitará que los enfermos sigan bajo cuidados artificiales cuando médicamente ya no haya más qué hacer.

El documento de Voluntad Anticipada debe ser firmado ante notario y dos testigos y puede ser suscrito por cualquier habitante capitalino mayor de 16 años y en instituciones públicas y privadas de salud. Esta ley, aprobada por todas las fracciones, entró en vigor en abril de 2008.

Sin embargo, no contentos con la Ley de Voluntad Anticipada, perredistas y priistas buscan desde hace tiempo legalizar la eutanasia y, aunque Marcelo Ebrard se muestra a favor de esta iniciativa, el secretario de Salud capitalino, Armando Ahued, dijo que él no lo está porque traería implicaciones éticas con los médicos y que él mismo se negaría a administrar medicamentos a los pacientes en fase terminal para que perdieran la vida.

En diciembre de 2009 la diputada perredista Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Salud de la ALDF, reconoció que la legalización de la eutanasia tendrá que esperar porque se contrapone a las leyes federales, en particular a la Ley General de Salud que establece de manera clara y precisa la prohibición de la eutanasia; y el Código Penal Federal que tipifica el delito de homicidio compasivo.

En este marco vale la pena mencionar el testimonio reciente de Els Borst, ministra de Salud de Holanda entre 1994 y 2002 y quien fuera la que propuso la legalización de la eutanasia en su país, aprobada en 2001, convirtiéndose así en la primera nación del mundo en legalizar la eutanasia.

Los médicos holandese reportaron 2,331 casos de eutanasia, 400 casos de suicidio asistido y 550 muertes sin petición previa. Sin embargo, ahora ella piensa que el gobierno de su país actuó precipitadamente.

La legalización de la eutanasia vino muy pronto, dijo Borst, admitiendo que el gobierno holandés no puso suficiente atención en el cuidado y apoyo paliativo de los agonizantes. "En Holanda, primero escuchamos a los políticos y a la parte de la sociedad que solicitaban la eutanasia. Obviamente, éste no fue el orden adecuado".