Los senadores panistas Alfredo Rodríguez Pacheco y Sebastián Calderón Centeno, de Yucatán y Campeche, respectivamente, propusieron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que investiguen la existencia de actos contrarios a las obligaciones que establece la Ley, sus reglamentos y la concesión correspondiente a la Administración Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V.

El texto señala que con la creación en la Ley de Puertos de la figura denominada Administración Portuaria Integral, se permite que estos sean administrados por particulares mediante la concesión correspondiente, con el fin de favorecer la participación de la inversión privada en un marco legal que establece reglas claras para la libre competencia y evitar prácticas monopólicas en detrimento de las personas interesadas en participar en las actividades vinculadas a los puertos mexicanos.

El documento agrega que bajo ese esquema se creó la Administración Portuaria Integral de Progreso (API), S.A. de C.V., cuyo objeto social, de acuerdo a su acta constitutiva es: la administración portuaria integral de Progreso, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivadas de la concesión que el gobierno federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público federal, la construcción de obras e instalaciones portuarias en Progreso, así como la administración de los bienes que integren su zona de desarrollo.

Sin embargo, resalta la propuesta, se tiene información de que el director de la API de Progreso y su gerente comercial han pasado por alto la importancia de utilizar la concesión conforme a derecho, pues se han presentado diversas denuncias de empresarios, navieros, agentes aduanales y consignatarios, en el sentido de que aprovechándose de los cargos e información reservada con la que cuentan los funcionarios, éstos han favorecido a empresas creadas ex profeso y que son de su propiedad.

Las denuncias fueron presentadas al Órgano Interno de Control de la API, sin que hasta el momento haya respuesta sobre el particular, advierte el texto. Los empresarios se han quejado que no pueden competir contra intereses personales de funcionarios públicos que dejan de promover objetivamente el puesto que administran y que pudieran entrar en conflicto de intereses en perjuicio de todos los prestadores de servicios y los usuarios.

Ante las irregularidades que manifiestan y que no han tenido visos de solución, consideramos conveniente que la SCT y la SFP intervengan con el fin de aclarar los hechos antes mencionados y aplique la Ley de acuerdo con sus atribuciones, enfatizaron los legisladores Rodríguez Pacheco y Calderón Centeno.