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Cinismo, enredos, desacuerdos y complicidades son algunas de las características que imperan en los miembros del gabinete y de la propia gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, conformando un gobierno totalmente discapacitado.
El desparpajo en las finanzas gubernamentales, en el que impera un gasto excesivo en publicidad e imagen para la gobernadora, así como el desvío de fondos del erario público a las campañas de candidatos del PRI, ha provocado un déficit que impide el buen cumplimiento con las obligaciones de pagos a proveedores y de los mismos trabajadores del Gobierno del Estado.
Se piensa que el incumplimiento en las obligaciones de pago ha causado nerviosismo en Juan Gabriel Ricalde Ramirez —secretario de hacienda estatal— por las intensas presiones recibidas de proveedores que llevan varios meses de atraso en el cobro de sus facturas. Ante la angustiante situación a que se ha llegado, ha decidido aplicar un ajuste en el presupuesto de egresos de varias secretarías, aplicando un Plan de Austeridad.
El fin de semana pasado, la gobernadora Ivonne Ortega anunció una reducción de entre $260 y $300 millones en el presupuesto de egresos de varias secretarías —sin especificarlas— culpando al Gobierno Federal de no cumplir con el envío de participaciones federales al Estado.
La gobernadora declaró que las participaciones de libre disposición no llegaban a la entidad.
Paralelamente al anuncio del Plan de Austeridad, se desató una embestida mediática con el fin de culpar al Gobierno Federal de los males que aquejan al Estado. Prensa, radio y televisión enfocaron sus baterías para posicionar la idea de que el Gobierno Federal incumple con la obligación de transferir recursos al Estado. En entrevistas como la realizada a la gobernadora por José Luis Preciado —en el noticiero Hechos Yucatán en el que el entrevistador tomó la posición de la entrevistada— acusó al Gobierno Federal de poner trabas para que el Estado disponga de los recursos federales, al decir: "esperando que se destraben las trabas burocráticas federales", sin que la entrevistada se haya referido a ese hecho. Durante la entrevista —realizada 3 días después del anuncio inicial— la gobernadora disminuye el monto del recorte presupuestal que inicialmente había anunciado y declara que la reducción será de $220 a $230 millones.
La desesperación que aqueja a la gobernadora y a su gabinete económico por el desorden en las finanzas públicas —desorden que ha llevado al incumplimiento del Gobierno del Estado en sus compromisos de pago, con las consiguientes presiones— ha provocado enredos y desacuerdos en las cuatro personas involucradas en la defensa del recorte presupuestal y de culpar al Gobierno Federal. Estas personas son: la gobernadora Ivonne Ortega, Juan Gabriel Ricalde Ramirez, secretario de hacienda, Armando Baqueiro Cárdenas, secretario de planeación y Rolando Zapata Bello, diputado federal.
Los cuatro han dado cifras totalmente diferentes y también han dado razones diferentes por las que el Gobierno Federal no ha cumplido con el envío de participaciones a Yucatán.
Primero, la gobernadora habló de una reducción de $260 a $300 millones y días después redujo la cifra a entre $220 y $230 millones. Ricalde Ramirez habló de una reducción de 10% del gasto corriente, sin especificar a cuánto ascendería la cifra. El diputado Rolando Zapata dice que no llegan los recursos por ineficiencia del gobierno federal para ejercer el gasto y Baqueiro Cárdenas, en su informe trimestral de enero a marzo de 2010, admite que llegaron recursos en una cantidad mayor a lo esperado (ver figura 1).
La gobernadora alega que no llegan las participaciones para garantizar el buen funcionamiento del gobierno y Zapata Bello la contradice diciendo que sí llegan las participaciones ya que es una actividad obligatoria de la Federación, pero que no llegan recursos para infraestructura.
La realidad es que están sumamente enredados por una administración deficiente, cuyo eje central es el dispendio de los recursos públicos, por lo que han caído en contradicciones.
Por otra parte, querer compensar la falta de recursos de entre $200 a $300 millones limitando el uso de celulares en las dependencias de gobierno es sumamente ridículo, a no ser que se estén gastando dichas cantidades de dinero en el uso de celulares, lo cual sería inadmisible.
Con el informe trimestral de enero a marzo de 2010, presentado por la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado —que se puede consultar en la dirección www.yucatan.gob.mx— se puede constatar que contrario a lo denunciado por la gobernadora y por su gabinete económico, el Estado ha recibido de la Federación más dinero que lo que estaba programado.
En los primeros 3 meses del año, estaba programado recibir $4,414 millones de la Federación y finalmente se recibieron $5,237. Llegó más dinero de lo esperado: un excedente de $822.7 millones en tan sólo los primeros tres meses del año (figura 1). Tan sólo en ingresos de libre disposición se recibieron $1,883.4 millones, lo que equivale a $423.4 millones más de lo programado, un monto muy superior a los $230 millones que se espera del recorte presupuestal.
También se aprecia que en el primer trimestre se recibió un excedente de medio millón de pesos en el rubro del Fondo de Infraestructura Social Estatal, contrario a lo declarado por Ricalde Ramírez.
Con este informe del propio gobierno se descubre que la Federación, por mucho, ha cumplido con sus obligaciones y que es la deficiencia administrativa y el exceso de recursos que se desviaron a las campañas de los candidatos del PRI en las pasadas elecciones lo que provocó el desajuste en las finanzas públicas.